Monclova, Coah.– El decreto presidencial que restringe la Modalidad 40 del Seguro Social, con efecto a partir del 22 de octubre de 2026, ha provocado reacciones de rechazo entre representantes del sector empresarial y del sindicalismo, quienes advierten sobre posibles impugnaciones y un impacto en las urnas durante los comicios federales del año entrante.

Carlos Elizondo, representante empresarial, explicó que la propuesta del Gobierno Federal busca modificar el funcionamiento de este esquema. Hasta ahora, indicó, era práctica común que los trabajadores cotizaran con el salario mínimo durante décadas y, al llegar a los 55 años, se dieran de baja del régimen ordinario para incorporarse a la Modalidad 40 con un salario diario de 1,500 o 1,800 pesos. Como la pensión de la Ley 73 se calcula con las semanas cotizadas y el salario promedio de los últimos cinco años, esa estrategia permitía obtener pensiones elevadas.

Con el cambio, señaló, se revisaría el salario con el que el trabajador estaba registrado, por lo que ya no podría ingresar con una cantidad arbitrariamente alta.

Elizondo mencionó que el Seguro Social no tiene recursos para cubrir pensiones de 30 o 40 mil pesos y que la autoridad tuvo en mente que los beneficiarios de la Ley 73 disminuyeran con rapidez. Sin embargo, aún hay muchas personas que no han llegado a la edad de retiro, por lo que habrá quejas de trabajadores que planearon su jubilación durante 30 años y que ahora no podrían costear una cuota mensual de 18 mil pesos, aunque sí los 10 mil que representa la modalidad actual. A su juicio, el gobierno debe proteger al IMSS sin dejar desprotegida a la gente.

Elizondo consideró que este y otros asuntos tendrán consecuencias políticas para el oficialismo, pues muchos de quienes votaron por Morena hace tres años se arrepintieron, y criticó que se hayan desmantelado programas como el Seguro Popular.

Señaló también que los apoyos bimestrales se destinan a medicamentos por el desabasto en el IMSS, y cuestionó el gasto en proyectos como el Tren Maya, la aerolínea y la refinería, al tiempo que, dijo, se descuidan salud y educación.

Por su parte, Mario Dante Galindo Montemayor, secretario de la CTM en Frontera, explicó que la Modalidad 40 se sustenta en los artículos 218, 219 y 220 de la Ley del Seguro Social, cuyo nombre técnico es continuación voluntaria en el régimen obligatorio.

Señaló que se trata de una alternativa para quienes pierden el empleo y dejan de cotizar, en un país donde, dijo, no existe garantía de contar con trabajo.

El dirigente aclaró que los Consejos Técnicos del IMSS no tienen facultades para emitir decretos y atribuyó la decisión directamente a la presidenta Sheinbaum.

Precisó que la modalidad no fue prohibida, pero sí restringida, y que las acciones realizadas antes del 22 de octubre de 2026 conservan su validez, aunque persisten dudas y alarma entre los afiliados.

Galindo rechazó los señalamientos de corrupción difundidos desde las conferencias matutinas de Palacio Nacional y afirmó que los trabajadores no son responsables de ello.

Calificó el decreto de injusto e inconstitucional, y aseguró que se prevén acciones legales y manifestaciones por parte de patrones y trabajadores organizados. Añadió que los representantes obreros ante el Consejo Técnico no avalarían una medida contraria a los trabajadores, por lo que advirtió que existe un enojo generalizado en el país por una decisión que, dijo, se tomó sin consultar a los sectores involucrados.