Saltillo, Coah.- El envío de los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, el “Z-40” y “Z-42” a Estados Unidos con el argumento de que ponen en riesgo la seguridad nacional estando en México, puso de nuevo en un primer plano a la masacre de Allende, por la que tienen cuentas pendientes con la justicia local.

Los ahora recluidos en Washington, D.C., están acusados de secuestrar en marzo del 2011 a 23 personas en Allende, cuando todavía el delito de desaparición forzada no estaba tipificado en el Código Penal.

De acuerdo con documentos judiciales consultados por Grupo Zócalo, las órdenes de aprehensión siguen vigentes y en un caso extraordinario en el que las autoridades estadunidenses los liberen, la justicia coahuilense podría procesarlos.

El seguimiento legal a este negro episodio de la historia coahuilense es muy largo y está integrado por cuatro etapas de indagatorias con sus respectivas órdenes de aprehensión e identificación de las víctimas.

En la cuarta y última etapa fue que los hermanos Treviño Morales lograron ser vinculados a los crímenes cometidos en Allende, en específico al secuestro agravado de 23 personas, entre ellas José Luis, Rodolfo, Nora Liliana y Víctor Manuel, pertenecientes a la familia Garza, epicentro del ataque.

Esta orden de aprehensión tiene causa penal desde el 2017, es la 011/2017 y nunca fue cumplimentada, debido a que las detenciones de Miguel Ángel y Óscar Omar, en territorio de Anáhuac y San Pedro Garza García, Nuevo León, fueron realizadas por las autoridades de seguridad
federal, quienes también tenían órdenes en su contra.

Este proceso es la punta de un gran iceberg judicial que de manera local buscó enganchar a los Treviño Morales y a otros miembros de su grupo con la masacre de Allende, algunos de ellos fueron detenidos, otros murieron antes de pisar la cárcel e incluso hay desaparecidos.

Se declaran no culpables

El capo Rafael Caro Quintero se declaró “no culpable” ante la justicia de Estados Unidos, al igual que Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”.

Los fiscales estadunidenses confirmaron que ambos fueron “expulsados”, no extraditados, a petición del Gobierno mexicano, y confirmaron que Caro Quintero encara una posible pena de muerte.

Recapturan a ‘Don Rodo’ hermano del ‘Mencho’

Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue reaprehendido por autoridades federales.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la captura sin dar detalles.

Secuelas

Ninguna familia perdió más miembros que los Garza. Se cree que casi 20 de ellos están muertos, incluida Olivia, de 81 años, y su bisnieto de 7 meses. Los hermanos del bebé, que tenían 5 y 3 años en aquel momento, aparecieron en un orfanato de Piedras Negras después del asesinato de sus padres.

Huir por miedo

En mayo de 2011, Héctor Reynaldo levantó un reporte de persona desaparecida con las autoridades estatales. Su hermana, que se había casado con un Garza, había desaparecido junto con su familia entera.

Menos de un año después, el mismo Pérez desapareció.

Un informe por parte de investigadores independientes de derechos humanos en El Colegio de México halló evidencia de que Pérez había sido visto por última vez en custodia de oficiales de la policía de Allende. Después de eso, pocos familiares de las víctimas se atrevieron a buscar ayuda con las autoridades, mucho menos a hablar públicamente sobre su tragedia. Varios se mudaron a Estados Unidos.

Omar, el empresario de red millonaria

El “Z-42” dejó una red de 53 empresas fantasma creadas con datos personales de adultos mayores, de programas federales, para aparecer como propietarios de mansiones y a la vez como proveedores de municipios,
organismos y partidos políticos.

En la averiguación previa PGR/SEIDO/ UEIDCS/114/2015 se menciona que residía en una casa en la calle Vía Collantina, en la colonia Fuentes del Valle, en San Pedro Garza García. El mismo expediente refiere que el capo de Los Zetas y sus cómplices tenían otra residencia en el mismo municipio, en la calle Olmo, de la colonia Olinalá, así como una casa en la avenida Boca Ratón del fraccionamiento La Herradura, en Monterrey.

El 10 de marzo de 2015 se dio a conocer que las tres viviendas habían sido compradas a través de seis compañías fantasma, entre ellas Desarrollo Comercial Lexir, SA de CV, una inmobiliaria que comparten socia y apoderado legal con Consultoría SOW, que a través de una investigación de dos años, permitió identificar a 53 firmas fachada que realizaron transacciones y operaciones de millones de dólares a cinco países.

En la creación de estas empresas estuvieron involucrados un exempleado de la entonces PGR y otro más de Gobierno de Nuevo León en una red de proveedores que defraudaron al sector público municipal, estatal y federal.

Las empresas operaban con prestanombres y fueron creadas con datos personales de adultos mayores que vivían en la colonia Valle Verde y que fueron sustraídos de las bases de datos de programas de la entonces Sedesol.

Una residente en la colonia Valle Verde de Monterrey, es la supuesta dueña del 50% de las acciones de Lexir y de SOW. El apoderado de ambas firmas es un vecino de la colonia Infonavit Los Ángeles de Monterrey, de 32 años de edad, que participa en al menos 20 empresas de la red fantasma, según corroboró MCCI en un cotejo de actas.

En conjunto, 34 de las 53 compañías fantasma, cobraron 31.2 mdp de 2010 a 2015 en los municipios de Guadalupe, García, San Nicolás, Monterrey, Cerralvo, Pesquería, Treviño, San Pedro, Juárez y el Gobierno estatal en las administraciones de Rodrigo Medina y Jaime Rodríguez Calderón.