Monclova, Coah.- La tarde del martes 17 de abril del 2012, Jesús Eduardo Mata López, de 15 años, atropelló y mató a la niña Dulce Valeria Romero Rodríguez, de 10 años, y dejó malherido al pequeño Hugo Carmona Rodríguez. El accidente sucedió cuando probaba la camioneta de su padre frente a la primaria Emiliano Zapata de la colonia Occidental, de Ciudad Frontera.

El 24 de agosto del 2015, Policarpo Ábrego Valdez y su mujer Ernestina Hurtado Rodríguez, de 75 y 76 años respectivamente, fueron asesinados en su domicilio de la colonia Los Bosques de Monclova. El homicida, Erik Zambrano Ramírez de 17 años, ingresó a robar mientras su pareja Karen Johana Villarreal Díaz, de 15, cuidaba en el exterior. La Policía Municipal los capturó infraganti.

El 21 de abril del 2016, Javier alias “El Demonio” de 13 años mató de 30 cuchilladas a su novia Dianita, de 11 años, en la casa de ésta en la colonia Guerrero de Monclova. A pesar de ser un peligro fue dejado en libertad y volvió a atacar obligando a las autoridades a volverlo a enviar al encierro.

Debido a su minoría de edad y un leve retraso mental, Karely se consideró inimputable ante la justica penal en torno al asesinato de la jovencita “Chelita”, ocurrido el 5 de octubre de 2019 en la colonia Emiliano Zapata de Castaños. Esto a pesar que ella confesó haberla golpeado con un bate de beisbol.

El caso más reciente fue el ocurrido el 27 de julio del presente año, cuando “El Jeremy”, un delincuente de baja estofa y poca monta de 17 años, apuñaló en 16 ocasiones al chofer de InDriver, Rolando de la Cruz, cuando se hizo pasar por cliente en la colonia 23 de Abril. La víctima falleció el pasado 6 de agosto. El asesino es tratado con todas las garantías debido a su minoría de edad.

Estas tragedias tienen algo en común: Los responsables son menores de 18 años. En México la ley consciente a los adolescentes confundiendo derechos con impunidad.

Una estadística realizada por el departamento de Seguridad Pública de Monclova, Coahuila arrojó que de 200 detenciones de menores en lo que va del presente año, al menos dos por mes (esta cifra es variable) perpetraron un delito.

Los detenidos son entregados a sus padres, que acreditan el parentesco o cuando los progenitores ignoran la situación, se trasladan por medio de una patrulla a sus hogares y se entregan a un familiar mayor de edad.

La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif) se escuda en que solamente atiende a menores de 12 años, salvo aquellos casos que son sumamente relevantes. En tanto para la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila los índices delictivos entre mayores de 12 y menores de 18 van a la alza.

La reforma de ley de justicia para adolescentes ha dejado mucho qué desear luego de las recomendaciones del Fondo Internacional de Emergencias de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Apenas 16 años atrás, la edad penal era a partir de los 16 años, eran castigados al igual que una persona adulta sea cual fuere el ilícito.

Sin embargo, luego que el organismo internacional celebrara el 20 de noviembre de 1989 la Convención de los Derechos del Niño en Nueva York, se determinó que los adolescentes no deben ser juzgados como mayores.

Durante la presidencia de Vicente Fox Quezada reformaron el artículo 18 constitucional que dice:

" “En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Estas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves”.

El Congreso Constituyente tambien aprobó:

" “La Federación, los estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de 12 años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social”.

Desgraciadamente, con ello se abrió una “caja de Pandora” en el país, pues nuestra situación dista mucho de la de otras naciones: A diferencia de los Estados Unidos de América que juzga y castiga anteponiendo el bien común, sin distinción de edades, México acoge los tratados internacionales sin chistar.

Nuestros vecinos del norte han sido criticados por los procesos a adolescentes de los más sonados el de Lionel Alexander Tate quien a la edad de 12 años, en 1999, mató a la niña de seis años, Tiffany Eunick, en Broward Florida y… ¿que pasó? Lionel fue condenado en enero del 2001 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, es el ciudadano más joven en recibir esta pena.

¿Y en México? Bueno...“El Demonio” (caso descrito al inicio del presente artículo) ha quedado en libertad en varias ocasiones en las que sigue delinquiendo, siendo su crimen similar al de Tate.

En el Estado de Coahuila, el último en aceptar la legislación, fue hasta el 1º de septiembre del 2006, luego de darse prórroga a esta nueva reforma, que fue publicada la Ley de Justicia para Adolescentes en el Periódico Oficial de la entidad, iniciándose una etapa, hasta la fecha, de solapamiento de los propios padres ante los brazos atados de las autoridades.

El primer descalabro que sufrió la sociedad y el sistema de justicia coahuilense fue la liberación inmediata de aquellos que siendo menores llevaron a cabo asesinatos, entre ellos uno de los tres implicados en el caso Ikura, ocurrido el 7 de marzo del 2004.

Hay quienes defienden la ley, indicando que no fue encaminada para perjudicar o beneficiar a menores de edad, sino para hacer cumplir equitativamente la ley a todos y garantizar los derechos de los adolescentes.

Pero esto es solo una falacia: La reforma a poco más de una década de entrar en funciones ha sido muy benévola ya que en el artículo 172 refiere:

" “Sólo serán internados aquellos que incurran en delitos graves”.