Documentos del FBI describen las modificaciones realizadas al Beechcraft King Air que llevó a “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López a Nuevo México, mientras persisten las dudas sobre quién estuvo a los controles de la aeronave
Casi dos años después de la operación que llevó a Ismael “El Mayo” Zambada a manos de autoridades estadounidenses, una de las interrogantes más importantes del caso permanece sin respuesta: ¿quién pilotó el avión privado que trasladó al cofundador del Cártel de Sinaloa desde México hasta Nuevo México?
Mientras las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y de agencias de seguridad de Estados Unidos han permitido reconstruir buena parte de los hechos ocurridos en julio de 2024, la identidad de la persona que estuvo a los controles de la aeronave continúa bajo reserva, alimentando especulaciones sobre el posible nivel de participación de autoridades estadounidenses en el operativo.
La incógnita volvió a cobrar fuerza tras una investigación del periodista Luis Chaparro, difundida en el noticiero Pie de Nota, en la que se dieron a conocer nuevos detalles del avión utilizado para transportar a “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, hasta el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México.
Los documentos citados en la investigación, atribuidos a un informe interno del Buró Federal de Investigaciones (FBI), aportan información inédita sobre la aeronave, aunque dejan intacta la principal duda: quién fue el piloto.
De acuerdo con la investigación periodística, el aparato utilizado en la operación fue un Beechcraft King Air modelo 1976, el cual había sido sometido a múltiples modificaciones para dificultar su identificación.
Entre las alteraciones descritas en el informe se encuentran la clonación de números de serie y de matrícula, modificaciones al sistema de transmisión, cambios en el plan de vuelo, la remoción de luces intermitentes y una ampliación del sistema de combustible para incrementar su autonomía.
Además, la aeronave fue repintada con el objetivo de aparentar ser un modelo mucho más reciente.
Según el reporte, al inspeccionar el interior del avión, agentes localizaron indicios compatibles con un forcejeo ocurrido durante el traslado: ventanas dañadas, respaldos de asientos rotos, marcas de zapatos y restos de alimentos y bebidas, entre ellos papas fritas, dulces, galletas y refrescos.
Las imágenes del momento en que “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López descendieron del avión también fueron difundidas por primera vez. Posteriormente, la aeronave fue donada al War Eagles Air Museum, ubicado en Santa Teresa, Nuevo México.
Pese a la nueva información sobre el avión, el nombre del piloto continúa siendo reservado.
Desde que ocurrió el traslado, esta figura se convirtió en uno de los elementos más sensibles del caso, debido a que su identidad podría aclarar si existió algún grado de participación directa de autoridades estadounidenses durante la operación.
Desde que ocurrió el traslado, esta figura se convirtió en uno de los elementos más sensibles del caso, debido a que su identidad podría aclarar si existió algún grado de participación directa de autoridades estadounidenses durante la operación.
En la primera declaración pública atribuida a “El Mayo” Zambada, difundida por su abogado Frank Pérez, el capo aseguró que fue privado de la libertad en el rancho Huertos del Pedregal y obligado a abordar un avión privado.
En ese documento relató que, una vez dentro de la aeronave, únicamente viajaban tres personas: él, Joaquín Guzmán López y el piloto.
Sin embargo, nunca proporcionó información que permitiera identificar a quien conducía el aparato.
La ausencia de datos provocó que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitara a Estados Unidos explicar cómo se desarrolló el traslado y quién había participado en la operación.
En respuesta, el entonces embajador estadounidense en México, Ken Salazar, aseguró que el Gobierno de Estados Unidos no había utilizado recursos propios para concretar la entrega.
El diplomático afirmó que no se trató de un avión del gobierno estadounidense, que el piloto no era empleado ni contratista de Washington y que tampoco era ciudadano estadounidense.
No obstante, evitó revelar su identidad, argumentando razones relacionadas con la investigación.
El misterio sobre el piloto se intensificó después de que el FBI reconociera haber participado en lo que describió como un “operativo heroico y sin precedentes”, declaración que volvió a generar dudas sobre el alcance de la colaboración entre ambos países.
Tras la publicación de la investigación de Luis Chaparro, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Gabinete de Seguridad revisar la nueva información para determinar si aporta elementos adicionales a las investigaciones mexicanas.
A lo largo de estos casi dos años también surgieron diversas versiones sobre quién podría haber estado al mando del avión.
Una de las hipótesis apuntó hacia Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, identificado como piloto de confianza de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y operador logístico de Los Chapitos.
Su captura, ocurrida en febrero de 2025 en la sindicatura de Jesús María, en Culiacán, alimentó las especulaciones de que podría haber participado directamente en el traslado de “El Mayo”.
Sin embargo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó públicamente esa posibilidad.
El funcionario confirmó que “El Jando” era piloto privado y colaborador cercano de Iván Archivaldo Guzmán, pero precisó que no participó físicamente en el traslado del líder criminal hacia Estados Unidos.
Con esa declaración, una de las principales líneas de especulación quedó descartada.
A pesar de los avances para reconstruir la cronología del secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, la identidad del piloto permanece como el último gran vacío del caso. Su eventual revelación no solo permitiría completar uno de los episodios más relevantes en la historia reciente del narcotráfico mexicano, sino que también podría reabrir el debate sobre el grado de intervención que tuvieron las autoridades estadounidenses en una operación que transformó el equilibrio interno del Cártel de Sinaloa y tensó la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
