El programa no solo incluye medicación, sino también terapias psicológicas destinadas a abordar las causas subyacentes del comportamiento delictivo
El Reino Unido comenzó un programa piloto de castración química para delincuentes sexuales en veinte prisiones, según anunció la ministra de Justicia, Shabana Mahmood. La castración química implica el uso de medicamentos, como inhibidores de la testosterona, para reducir los impulsos sexuales en agresores convictos.
La medida, que combina medicación para suprimir el deseo sexual con intervenciones psicológicas, busca reducir las tasas de reincidencia y abordar la crisis de hacinamiento en el sistema penitenciario.
Según el Ministerio de Justicia, el programa piloto se aplicará inicialmente a un grupo selecto de reclusos en prisiones de Inglaterra y Gales, con el objetivo de evaluar su impacto en la reincidencia.
Estudios internacionales citados por el gobierno sugieren que esta práctica puede reducir las tasas de reincidencia hasta en un 60% en ciertos casos, aunque su efectividad varía según las motivaciones del agresor. Por ejemplo, los delincuentes impulsados por el deseo de poder o control, en lugar de impulsos sexuales, podrían no responder al tratamiento.
El programa no solo incluye medicación, sino también terapias psicológicas destinadas a abordar las causas subyacentes del comportamiento delictivo, como problemas de control emocional o dinámicas de poder.
Mahmood enfatizó que la medida es parte de un enfoque integral para proteger a la sociedad y rehabilitar a los delincuentes.
“Nuestra prioridad es garantizar la seguridad pública y reducir el impacto devastador de los delitos sexuales. Este programa piloto nos permitirá recopilar datos cruciales sobre su eficacia”, afirmó la ministra en una conferencia de prensa.
El programa también está siendo acompañado por una revisión de las políticas de liberación anticipada y gestión de reclusos. El gobierno espera que, al reducir la reincidencia, se pueda aliviar la presión sobre las prisiones, que actualmente operan al límite de su capacidad.
En 2024, el Reino Unido reportó más de 87,000 reclusos, con un aumento notable en delitos sexuales registrados en los últimos años.
Sin embargo, la iniciativa ha generado controversia. Organizaciones como Liberty han expresado preocupaciones éticas, argumentando que la castración química, incluso si es voluntaria, podría percibirse como coercitiva en un entorno penitenciario.
“Obligar o presionar a los reclusos para someterse a tratamientos que alteran su cuerpo plantea serias cuestiones sobre el consentimiento y los derechos humanos”, señaló un portavoz de Liberty, citado en medios locales.
Otras organizaciones, como Amnistía Internacional, también se han pronunciado contra esta medida en el pasado al considerarla cruel y retrógrada. Además, algunos expertos advierten que la medida podría no ser efectiva en todos los casos y que podría desviar recursos de otras formas de rehabilitación, como programas de terapia cognitivo-conductual.
El debate sobre la castración química no es nuevo. Países como Polonia, la República Checa y algunos estados de Estados Unidos han implementado medidas similares, con resultados mixtos. En el Reino Unido, el programa piloto será evaluado durante los próximos 18 meses, con un informe final que determinará si se expande a nivel nacional.
