La ecuación parece sencilla y fácil de entender, máxime si se repite machaconamente a propósito de la propaganda del Segundo Informe de Claudia Sheinbaum: el salario mínimo pasó de 2 mil 800 pesos mensuales en 2018, a 9 mil 582 pesos en 2026.

Sin pensar mucho, eso significa que no sólo ha subido sino se ha triplicado, y lo ha hecho paulatinamente durante los ocho años fijados en esa línea del tiempo, casualmente los transcurridos bajo el Obradorato que todavía hoy sin pudor -y con toda la evidencia en contra- llaman “cuarta transformación”.

Pero el asunto no es lineal como parece. Si bien los números son fríos, es un asunto de percepción y particularmente de mentir con las estadísticas.

De entrada, una máxima: la obligación de pagar sueldos más altos, sin que se justifique ésta con el aumento de la producción por dicho trabajo, supone para el empleador incrementar al mismo tiempo el costo de lo producido por el empleado, y trasladar ese valor agregado al cliente.

Dicho de otra forma: ganas un poco más, sí, pero también la vida te cuesta más eventualmente.

El salario mínimo es de 315 pesos al día de hoy en el territorio nacional, y 420 pesos en la frontera norte. Ahora bien, más que la cantidad, su verdadero valor es el poder adquisitivo.

Para desmitificar ese dogma se suele utilizar el ejemplo del Gansito Marinela, y los 11 pesos que costaba en 2019 contra los 22 pesos promedio que cuesta en 2026 (sí, algunas veces puede conseguirse más barato -y otras incluso más caro- en algunos establecimientos, aunque depende de factores como la oferta).
¿Actualmente usted adquiere más y mejores alimentos? ¿Tiene bienes y posesiones que hace ocho años no, estrictamente gracias a su salario actual y no a motivos como la antigüedad y el ahorro en el transcurso del tiempo? ¿Mejoró su calidad de vida?
Por otro lado, su implementación obligatoria trae fenómenos aparejados, como que a salario igual, se tiende a priorizar la experiencia laboral por encima del novato, en detrimento de los más jóvenes; o cambia la forma de organizar la mano de obra, en perjuicio del empleo por sí mismo.
En su libro “Falacias de la justicia social; el idealismo de la agenda social frente a la realidad de los hechos”, de Thomas Sowell (Planeta, 2023), el economista estadunidense menciona que, el salario mínimo, se trata de “otro ejemplo de las situaciones en las que los defensores de los menos afortunados son inconscientes del daño que causan”.
“Los empresarios tienden a contratar menos mano de obra a un precio más alto, impuesto por las leyes del salario mínimo, en comparación con la que contratarían a un precio más bajo, basándose en la oferta y la demanda. En este caso, el excedente no vendible se lo denomina “desempleo”, escribe.
Esas intenciones aparentemente benévolas generan, por el contrario, informalidad o desempleo. A ese error de juicio se le conoce como “falacia de intención”.
De acuerdo con el autor, al salario mínimo le concibe incluso como “una forma particular de controlar los precios, para forzar su subida”, irónicamente “a menudo respaldada por personas que defienden la justicia social”.
Quienes critican la competitividad de las empresas al suponer que ésta obedece a los bajos salarios a sus trabajadores, o afirmar que las cuentas cuadran sólo si hay una parte explotada, argumentan que, el salario mínimo, provoca aumento en el consumo doméstico por consecuencia, y desde una posición maniqueísta señalan que vale más pagar bien y tener más clientes, que pagar mal y tener un mercado deprimido.
No obstante, dicha tesis se desmiente con la realidad: el crecimiento económico en el Obradorato (esos ocho años de subidas al salario mínimo), estimado en el PIB nacional, ha sido el más bajo en décadas (y no, no todo es culpa de la pandemia).
Por si fuera poco la inflación (el encarecimiento de las cosas, pues) se condensa en una cifra porcentaje oficial que no corresponde con el bolsillo.
Y aquí llegamos a un punto interesante, pues el propio Thomas Sowell teoriza que uno de los objetivos ocultos del salario mínimo es “seguir el ritmo de la inflación; contrarrestarla”. Y nunca lo consigue.
El salario mínimo es el simbolismo de una remuneración básica digna que, más que representar una garantía, es un punto de referencia; “una de las muchas políticas gubernamentales que se perciben como beneficiosas para los pobres”.
Alguien podría plantear aquí una pregunta retórica: ¿qué clase de monstruo mezquino y poco empático estaría en contra de subir el salario mínimo?
Sin embargo el punto no es ése. El mismo autor, Thomas Sowell, en su obra “Discriminación y disparidades; por qué hay personas, grupos sociales y países con mayor progreso económico que otros” (Deusto, 2019), expone que “el debate a menudo se basa en las intenciones y los supuestos efectos, en lugar de centrarse en los datos empíricos y sus verdaderas consecuencias”.
Y describe, a su vez, a los demagogos que pontifican con ello: “Moralizar careciendo de hechos es un patrón común entre los defensores de la justicia social”.

Cortita y al pie

Un ejemplo: el Banco de España, a propósito de la subida del salario mínimo un 22.3% en aquél país durante 2019, antes de la pandemia, es decir, en condiciones de “normalidad”, elaboró un informe proyección (publicado el 1 de noviembre de 2018) que presentó dos conclusiones: el alza ni ayuda a reducir la pobreza ni a corregir la desigualdad.

El problema de fondo, según el estudio, estaba en otra parte, una que se relaciona con la conducta humana: alta rotación, y pocas horas trabajadas. O que las personas no son piezas de ajedrez inertes.

La última y nos vamos

A falta de resultados, empeñada en contener la gangrena de un régimen que ya se pudrió, la Presidenta de la República echa mano de fórmulas sobadas que suelen ser socialmente aceptadas, como aquella del salario mínimo. 

No está de más tenerlo en cuenta hoy, a propósito de su visita a Saltillo para su acto propagandístico llamado Segundo Informe.