Con el inicio laboral del año, es decir, la semana pasada, fue presentada en Semarnat una evaluación de impacto ambiental que, de aprobarse, permita garantizar el funcionamiento por 99 años más del Cimari ubicado en General Cepeda, al “modernizarse y continuar operaciones”.

El mencionado basurero tóxico, cabe señalar, recibe al año un millón 100 mil toneladas de residuos peligrosos en un predio de 470 hectáreas ubicado en el ejido Noria de la Sabina, General Cepeda. Un punto geográfico estratégico que colinda con Ramos Arizpe, Parras de la Fuente, y Saltillo.

Su promotor es SEMNSA, o sea Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, S.A. de C.V., razón social integrada por el originario de la Ciudad de México, Daniel Calvert e hijos (Grupo Calmart, Ecototal, y Procesos y Manufacturas La Sabina), José Alfredo Apess Iga (Ecolimpio), además de Alejandro y Alberto, de apellidos Verduzco Berlanga (Promotora Server) y el abogado Javier Calderón Domínguez.

Por enésima ocasión: los mismos favorecidos de siempre.

En las últimas dos décadas a Coahuila se le forjó una vocación de tiradero, al ser la única entidad en el país con dos Cimari para manejo de residuos peligrosos (el de General Cepeda y otro en Ramos Arizpe). Existe a su vez un “centro de aprovechamiento de residuos peligrosos” en Piedras Negras, gestionado por Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V., y un “centro de aprovechamiento de residuos peligrosos” más, a favor de GEN Industrial, S.A. de C.V., en Ramos Arizpe.

Estos últimos, cabe señalar, pertenecen al mismo corporativo neoleonés y fueron aprobados en 2024 por 27 y 26 años respectivamente. Es decir, si nada se interpone, funcionarán hasta 2051 y 2050.

El negocio bajo el amigable concepto de “confinamiento”, “tratamiento” y “reciclaje”, sin embargo, floreció durante los dos sexenios consecutivos de Eglantina Canales al frente de la secretaría estatal de Medio Ambiente (SEMA).

El Cimari que nos ocupa, por ejemplo, lleva 12 años funcionando, desde 2014, y le quedan 18 más, entre autorizaciones y permisos en su poder. Por si solo -dicen ellos en su defensa- absorbe 45% del total que se confina oficialmente en México. Por ello su operación, pese a ser privada, es considerada de utilidad pública debido a los riesgos ambientales.

Si bien reporta un gasto operativo de 156 millones de pesos anuales, nada dice acerca de su utilidad, lo cual constituye el quid de la cuestión. En ese sentido la derrama económica local, asociada al empleo de 115 personas y un lavado de cara social mediante la Fundación Yuye Martínez, S.C., es un precio a pagar demasiado bajo.

El transporte de los contenedores tóxicos y la ruta a seguir hasta la Región Sureste de Coahuila es un factor a tomar en cuenta. El trasvase por sí mismo también es peligroso. De algún lugar a kilómetros de distancia tendrán que llegar. No se trasladan por ductos ni mucho menos por telepatía. Atiende principalmente a Nuevo León y Tamaulipas, pero también a Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

¿Y si ocurren accidentes en el trayecto, quién se responsabiliza y especialmente quién remedia los daños provocados?

Cortita y al pie

En defensa de los basureros alguien podría argumentar que mejor es pedir licencia y avisar, antes que tirar residuos peligrosos al caudal de cualquier río ya que de cualquier forma tendrán que ser desechados por quienes los generan. O que todo proceso industrial invariablemente provoca contaminación y esta, a su vez, es la consecuencia del desarrollo y progreso.

O que particularmente Noria de la Sabina es un lugar poco poblado, alejado de núcleos urbanos, de terreno poco permeable, flora y fauna escasa, sin afluentes cercanas.

¿Qué podría salir mal?

Muchas cosas. Metales pesados. Hidrocarburos contaminantes. Emisión de partículas y vapores metálicos. Infiltración de lixiviados. Cromo hexavalente en el suelo. Malos olores en kilómetros a la redonda.

La última y nos vamos

La justificación para aumentar el plazo, por lo demás, es el crecimiento de las actividades industriales y la demanda por parte de los clientes generadores dentro de Coahuila y en sus estados colindantes.

Dividendo para unos cuantos, pues.

Lo cierto es que mientras unos muchos asumen los riesgos, otros pocos se llevan las ganancias.

Y para eso está Coahuila: para servir de basurero.