Iniciaron el martes las enésimas campañas electorales en Coahuila.

Luego de la pretendida euforia inicial (o ni eso) serán 30 días de propaganda insulsa y proselitismo vacuo que, en términos prácticos, de muy poco sirve pues para ganar una votación huérfana como la de diputados locales (modelo electoral que inició en 2008 y este año llegará en el estado a su mayoría de edad) se necesita un trabajo de organización territorial que debió iniciar por lo menos en noviembre del año pasado para ser efectivo en resultados.

¿Alguno de los 384 candidatos registrados no lo hizo así? Está frito entonces. El proceso no es un concurso de popularidad sino de comportamiento estadístico.

Lo que vemos hoy en redes sociales y vía pública es folclore, parafernalia, la coreografía del poder a la que obliga la renovación periódica de autoridades. Y ya todo está dicho, por lo demás. Se sabe lo que significa cada emblema y sus representantes temporales designados para competir, independientemente del carisma individual o bonhomía que tengan, o no.

En esta ocasión me referiré, en específico, a los 11 candidatos de Morena que se hacen acompañar por 5 del PT como coalición en los 16 distritos locales. Ellos, en lo personal, no se pertenecen. Nada van a impulsar o proponer en la entidad si la directriz no viene del centro del país. Son peones de un tablero que no controlan ya que las decisiones las toman otros.

Y es ahí donde llegamos al quid de la cuestión. Dicho de otra forma: ¿de qué hablamos cuando hablamos del consorcio Morena-PT con sus franquicias estatales?

Basta un ejercicio de memoria (qué otra cosa es el periodismo, sino registro documental) para recordar qué abanderan desde 2018:

Es el partido de Rocha Moya (exgobernador de Sinaloa) y nueve sinaloenses más acusados en funciones por Estados Unidos de narcotráfico.

Es el partido de Bermúdez Requena, el que barre y recogía las ganancias ilícitas con su organización delincuencial en Tabasco.

Es el partido de Poncho Romo (exjefe de la Oficina de Presidencia con Obrador), el que lava dinero en Nuevo León mediante su banco Vector Casa de Bolsa.

Es el partido de Amilcar Olán (el proveedor de las obras multimillonarias que se transfirió 3 mil millones de pesos a Suiza), Andy, Bobby, y el tráfico de influencias. Y del otro, el de “La Casa Gris”, el de “la señora que al parecer tiene dinero”.

Es el partido del Alcalde de Tequila, secuestrador con charola para el cártel de las cuatro letras.

Es el partido de Limones Catem, extorsionador para la facción de Los Cabrera Sarabia del cártel de Sinaloa en La Laguna de Durango.

Es el partido de Sergio Carmona Angulo, precursor del negocio del huachicol fiscal en las aduanas de Tamaulipas que financió campañas, a quien ejecutaron en 2021.

Es el partido de Ángel Arnoldo Ramírez Salinas, sucesor de Carmona, importador de combustibles a gran escala y transportista, también tamaulipeco, quien falleció en 2025 al desbarrancarse su vehículo en carretera en extrañas circunstancias.

Es el partido del abogado tamaulipeco Penilla, defensor de capos como “El Mayo” o el “Z-40”.

Es el partido de Adán Augusto y su enriquecimiento inexplicable (79 millones recibidos en dos años -2023/2024- vía transferencias de empresas fantasmas). De Noroña y sus mil escándalos e incongruencias. Del encubrimiento a Cuauhtémoc Blanco, o Salvador Cienfuegos. De Layda y sus desaguisados en Campeche. De Marina del Pilar en Baja California y su exesposo, investigado por tráfico de armas en la frontera. Del desgobierno de Evelyn Salgado en Guerrero, Indira Vizcaino en Colima o Mara Lezama en Quintana Roo. De la insensibilidad para gobernar de Armenta en Puebla o Lorena Cuéllar en Tlaxcala o Rocío Nahle en Veracruz.

De los proyectos fallidos, como la Megafarmacia (que se quedó en un bodegón vacío sin ton ni son).

Del desplome de consecuencias fatales en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. De los 39 muertos en custodia del INM en Juárez.

De los montajes, como el tren al AIFA que se mostró cinco años antes de su inauguración y no coincidía con el modelo real.

Del auto Olinia que no fue. De la vacuna Patria que tampoco. De los ventiladores Ehécatl mucho menos. Del Gas Bienestar que sólo quedó en proyecto piloto. De la explotación de litio sin litio. Del fin del huachicol que nunca sucedió, sino se incrementó y potenció. De los delitos fiscales que cuestan miles de millones de pesos al erario vía la importación –de combustible, principalmente- en aduanas.

Del sainete con las pipas para transportar gasolina de Pemex que nunca se compraron. De la refinería (Dos Bocas) que no refina. De la aerolínea (Mexicana) estatizada sin aviones. O el aeropuerto (AIFA) sin vuelos. Del Tren Maya como elefante blanco que sólo sirvió para depredar hectáreas de maderables y cenotes en el subsuelo. Del juicio a expresidentes sin expresidentes. De la rifa del avión presidencial sin avión presidencial. Del Sembrando Vida sin árboles. De lo robado por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Del daño al erario por el capricho de anular el NAIM en Texcoco. Del megafraude tasado en $15 mil millones con compras ficticias en Segalmex.

Del Metrobús Laguna cancelado a mano alzada en un arrebato. O del Agua Saludable para La Laguna que no lleva agua a Torreón. O la quiebra inducida de AHMSA.

De las tandas del Bienestar que ya nadie regresó. De programas como La Escuela es Nuestra que se prestan para la corrupción, o más bien la legalizan. De las Universidades del Bienestar sin validez. De los padrones de beneficiarios inflados para sacar tajada política de ellos. Del encubrimiento desde el SAT a factureras mientras estuvo ahí Rosalinda López Hernández (hermana de Adán Augusto) como administradora general de Auditoría Fiscal (se redujo la detección hasta 97% anual, de 2019 a 2023).

Del brazo político del crimen organizado que sirvió para ganar elecciones en Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán. Del ‘Culiacanazo’ como prueba en tiempo real de que todo puede salir mal.

Cortita y al pie

De los 251 mil 583 millones de pesos en observaciones de irregularidades al Gasto Federalizado en un sexenio, de 2019 a 2024, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.

Y finalmente, aunque no son todos los argumentos, de los 10 billones de pesos en deuda contraída tan sólo en ocho años en el poder (2019-2026).

Eso es la 4T. Suficientes motivos (o agravios, según se vea) seleccionados por razones de espacio para ejemplificarles cuando pidan el voto.

La última y nos vamos

¿Qué hacer por consecuencia en las próximas elecciones del 7 de junio en Coahuila?

Tomar como referencia el caso de la candidata de Morena-PT por el Distrito 10 de Torreón, Rocío “Pily” de Aguinaga, a quien apodan “Pily” por “Pilinga”, y es su primer opción en la lista de ‘pluris’ al Congreso del Estado, es decir, aunque pierda, entrará en automático al Palacio Legislativo por porcentaje de votación estimada, superior al 3%.

Mi sugerencia entonces: que se queden con “La Pilinga” adentro… y nada más.