Paulatinamente ha sido elevado el umbral mínimo de candidaturas destinadas exclusivamente para mujeres como imposición de la norma electoral (o conquista cultural, según se vea). Así pasamos de un 30% en 1996 al 40% en 2007, y al 50% en 2014, ya instituido como principio de paridad.

Prácticamente se ha normalizado esa obligación, dándose por hecho que la democracia, para “ser”, tiene que “ser” así. Y no necesariamente; no es una condicionante ni un requisito sine qua non, sino una decisión coyuntural producto de los tiempos que se viven.

Las tensiones iniciales han sido superadas. Hoy prácticamente nadie discute las reglas, y se conforman las fórmulas matemáticas entre hombres y mujeres con ayuda de la calculadora y el juego de geometría para cuadrar los porcentajes por bloques de competitividad, y demás exigencias transversales que se van anexando.

El juego se reduce, entonces, a participación.

Ahora bien, luego de una década puesta en práctica la medida (mujeres gobernando y legislando codo a codo en la misma medida y circunstancia por un asunto de cuotas), ¿no considera usted que era para que ya se notase un cambio en la vida pública, por lo menos a fuerza de repetición? Yendo más allá: algún efecto se debería percibir, si ocho años de Obradorato, para dimensionar, se notan (ya sea en la regresión autoritaria de algunas cosas, en el estatismo de muchas otras, o en la ineptitud casi generalizada).

Es un tema de percepción y aprobación, sí, donde diversos factores influyen en la conformación de la opinión pública. Correlación no implica causalidad, aunque ayer el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante una discusión jurídica sobre los alcances del concepto “modo honesto de vivir”, condensó sin así desearlo el ánimo social sobre la “clase política”, al afirmar que, “en las condiciones actuales en las que vive el país, hay una, digámoslo así, decadencia del servicio público”.

Casualmente cuando más mujeres hay en ese servicio público.

Más allá de las cursilerías, como aquellas de que las mujeres gobiernan con el corazón y cosas por el estilo, o argumentos que inicialmente fueron esgrimidos en su defensa, como aquella vocación de administradoras del hogar que les permitiría una mayor sensibilidad y empatía, o el “biologicismo” que supone la posibilidad de ser madres de familia, o aspectos ideológicos como la sororidad, la experiencia de una década lo dice: en el ejercicio de poder actúan como personas de poder: masculinizadas, y en un esquema hegemónicamente patriarcal.

En el caso local el paradigma de moda en malas prácticas es Tania Flores. En el nacional, por ejemplo, los desfiguros un día sí, y otro también, de Layda Sansores en Campeche. Ambas representantes de Morena-PT.

O la complicidad de Marina del Pilar en Baja California. La insensibilidad de Rocío Nahle, en Veracruz. Los excesos de Andrea Chávez en Chihuahua. Otras, de magros resultados, como las gobernadoras de Morelos, Colima, Tlaxcala, pequeños estados en el concierto nacional. La lista es larga y el espacio es corto.

La deuda histórica, como se decía en la exposición de motivos que dio pie a la paridad, en referencia al hecho de haber ocupado en el pasado pocos espacios de poder a comparación de los hombres, fue abonada con una medida compensatoria. Sin embargo dicha acción afirmativa se implantó como medida permanente, no de carácter temporal. Al ser irreversible, sería una utopía pedir su abolición y pugnar en cambio por un escenario ideal: llevar a los mejores para cada cargo, independientemente del género, ya que nuestro sistema político no es meritocrático y, aunque lo fuese, hasta la meritocracia es subjetiva.

¿Qué sí podemos hacer entonces?

Muy sencillo: todo se debe cuestionar; incluso hasta los dogmas de fe, como el desempeño de las mujeres en los cargos públicos. No hay un observatorio político -esos vertederos de presupuesto para fingir talento y justificar trabajo académico- ni estudios que se ocupen del tópico. Por el contrario, es un tabú a la sombra que provee el paraguas de la violencia política en razón de género. Más que sombrilla, una malla sombra confeccionada por el feminismo para hacer inimputables a las mujeres privilegiadas en el poder, y resguardarlas de la crítica.

Cortita y al pie

No lo digo yo, sino Bárbara Yllán Rondero, abogada especialista en procuración de justicia y derechos humanos en materia de género: “Yo estoy profundamente decepcionada de la clase política femenina de este país; salvo contadas excepciones; de verdad, profundamente decepcionada, porque muchísimas mujeres lucharon, luchamos, para que ellas llegaran, y una vez que llegaron: para qué llegaron […] Se convirtieron en cómplices, en encubridoras, lo peor de lo peor […] Entonces, en el interior de uno dice: qué profunda decepción. No basta con ser mujer para hacer un cambio” (Libertad sin fronteras, ADN Opinión, 3 de agosto).

La última y nos vamos

Así pasamos de un ecosistema donde había grandes oradoras con la cabeza bien amueblada, ideológicamente consistente, como Beatriz Paredes, quien por méritos propios y a contracorriente logró un lugar en la política nacional, a otro ecosistema muy distinto, donde hay muchas, pero sólo materializan la representación de un género que ocupa la mitad de los asientos.

La fotografía dice igualdad sustantiva, simétrica, equidistante. ¿Y los resultados? Vamos más allá: ¿y la transformación?

El que tenga ojos para ver, que vea.