Temporada electoral o, lo que es lo mismo, de llevar agua a su molino. Cada lance, cada video posado, cada acción o publicación entre los mismos de siempre, aquellos que viven en función de las próximas elecciones en el calendario, tiene por finalidad capitalizar en votos esa energía invertida. Nada nuevo bajo el sol, por lo demás.

Pero la fórmula no es tan sencilla como eso, ni directamente proporcional como creen. No en Coahuila, por lo menos.

En ese sentido, la directriz del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, encabezado por Luisa María Alcalde Luján, en sus insustanciales viajes a la entidad para que no se note un desapego real en los hechos (lo mismo a Ciudad Acuña, Piedras Negras, Monclova de pasadita, Torreón o Saltillo), ha sido centrar la narrativa (la suya, pues) en tres temas, previamente señalados en este mismo espacio la víspera de Navidad (Zócalo, 21-12-25), a fin de que se replique lo suficiente el mensaje hasta que gane un lugar en la agenda, y se fije la idea en la opinión pública gracias a su repetición.

El objetivo es calentar la plaza, enervar a las masas, indignar al pueblo, irritar y convocar a las multitudes.

Mientras eso sucede, sin embargo, en Coahuila una maroma pasa rodando. Y luego otra. Y otra.

Se trata de tres tópicos identificados –no hay que ser una lumbrera para ello- con anterioridad. Tres banderas han adoptado los chairos para criticar en automático al Gobierno del Estado que, naturalmente, no es de Morena-4T.

Uno. El gasto en publicidad oficial; endilgando a Coahuila un primer lugar inexistente.

Dos. La no incorporación del sistema de salud estatal al régimen IMSS-Bienestar.

Y tres. La negativa de sustentar con recursos propios las denominadas “pensiones” para discapacitados de 30 a 64 años de edad (que sí etiqueta y promueve, pero no paga el Gobierno Federal a través de Bienestar).

Esas tres consignas las repiten por un asunto de pereza intelectual, independientemente de quien se trate y el auditorio al que se dirija. Lo mismo sus legisladores locales y federales que sus representantes en los Cabildos.

La primera, justo es decirlo, es cuestionable y relativa. Cuestionable, pues la cifra anual que se destina para comunicación está por debajo del umbral que históricamente se ha utilizado como parámetro de buenas prácticas administrativas: 2% del presupuesto en el ejercicio fiscal. De hecho en 2024 fue menor al 1%, y al invalidar en 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Ley General de Comunicación Social que fijaba en 0.1% el tope máximo, no existe un límite vigente; es decir, es legal.

Y es relativa, si comparamos un Gobierno morenista: Quintana Roo, de Mara Lezama, quien derrocha en publicidad oficial más que Coahuila pese a tener sólo la mitad de su población, de acuerdo con el informe “Hallazgos de la publicidad oficial 2024 en México”, presentado en octubre por la organización Article 19. Las entidades panistas de Guanajuato y Chihuahua, para dimensionar, también superan a Coahuila.

La segunda de las proposiciones que repiten los chairos es engañosa, ya que ceder las instituciones estatales de salud al IMSS-Bienestar ni es obligatorio ni representa un beneficio directo para los derechohabientes y quienes no lo son. De hecho ninguno de los ocho estados que no gobierna el consorcio Morena-Verde ha firmado ese convenio de federalización que no es otra cosa más que someterse a un control político centralizado.

Cortita y al pie

Y la tercera, simplemente, es perversa. Como las personas con discapacidad no son votantes asegurados, pues por su condición física pueden incluso estar postradas o tener discapacidad intelectual para ejercer el sufragio, entonces el Gobierno Federal les deja a su suerte, aunque se monta en una narrativa mañosa para zafarse de responsabilidad: es el Gobierno del Estado quien no los acepta, no él quien los rechaza.

De hecho es el único subsidio que no solventa el Presupuesto de Egresos de la Federación y traslada la carga económica y moral a los estados.

Sin voz propia en el nuevo juego de roles políticos que se instauró el 1 de septiembre de 2024, únicamente las entidades gobernadas por Morena-Verde obedecen la línea en ambos tópicos.

La última y nos vamos

En sus incursiones a la entidad, Luisa Alcalde se hace acompañar por la Secretaria General y la ídem de Comunicación del CEN de Morena. Irrelevantes las tres en todo momento, salvo para el centralismo informativo.

Ahora bien, ya van 67 días desde que inició el proceso electoral en Coahuila. ¿Alguien sabe algo de “Andy” López Beltrán, el todavía secretario de Organización de las “extenuantes jornadas de trabajo”?