La segunda semana de 2026 se publicó aquí que un grupo de particulares proyectaba la construcción de un acueducto destinado al transporte y conducción de agua residual, proveniente de las plantas tratadoras con que cuenta el Municipio de Saltillo, con el objetivo de abastecer a DeAcero y Kimberly Clark, empresas ubicadas en Ramos Arizpe, en el corazón de la zona industrial de la Región Sureste, por un tiempo de vida estimado en 23 años.

La obra contemplaba la extensión de la red existente y su interconexión mediante tuberías para un caudal entre 800 y mil litros por segundo. El proyecto fue sometido a la consideración de Semarnat el 19 de noviembre de 2025, y, oh sorpresa, acaba de ser aprobado el 23 de junio por un plazo de 21 años.

Hasta aquí podría preguntarse usted, ¿y a mi qué?

Pues resulta que los capitanes del capital usaron una sociedad mercantil denominada Vertiance, S.A.P.I de C.V., constituida en Ramos Arizpe en junio de 2023 con la participación mayoritaria de Constructora VVR, de Virgilio Verduzco Rosán González, antes Constructora Server, además de la razón social Infra Mining, S.A.P.I. de C.V., y un tercer socio llamado Tres Regiones Consultoría, S.C. Por su parte, Ricardo Emilio Ortiz Leos conforma el órgano de vigilancia de la empresa.

Y aquí viene lo interesante. De ellos, Verduzco participó en la denominada “línea morada”, construida con recursos públicos en su día, y también como director de Infraestructura y Obras Públicas en el Ayuntamiento de Saltillo. Es decir, entra en la ecuación aprovechando su expertise, por no decir información privilegiada, pues desde 2022 se manejaba la posibilidad oficial de abastecer a DeAcero y Kimberly, para lo cual se necesitaría una inversión de 130 millones de pesos.

Si bien por un lado se menciona por objetivo disminuir el uso industrial de agua subterránea, la cual explota en mayor medida Kimberly vía sus concesiones, el trasfondo es la comercialización del agua residual.

Pero el negocio no surge por generación espontánea.

Quizá no se dio cuenta, pero el año pasado cambió de manos la operación de las tres plantas tratadoras de aguas residuales con que cuenta la capital de Coahuila, mismas que administró durante 20 años la empresa Ideal Saneamiento de Saltillo, S.A. de C.V., radicada en la Ciudad de México.

Miranda, Arana, Velazco, sociedad civil cuyas iniciales forman el acrónimo MAV, fue adjudicada y concesionada desde noviembre de 2025 hasta diciembre del 2027 por un contrato de 260 millones de pesos. Se trata de un particular de Puebla que se suele mover en el terreno de las asociaciones público privadas.

Ambos acontecimientos, casi al mismo tiempo y cada uno por separado, facilitan la operación con el agua tratada.

Antes, en este mismo espacio, se había escrito también sobre los beneficiarios indirectos de una tentativa rehabilitación de la Alameda Zaragoza, de los directos en la venta de la Plaza de Toros “Armillita”, y previamente se había mencionado un caso particular ocurrido en la gestión 2022-2024 del Ayuntamiento de Saltillo con una permuta de terrenos.

En el primero de los casos, publicado el 4 de noviembre, aunque sólo quedó en polémica tras un “proyecto, aún en etapa de análisis, que combinaría inversión pública-privada”, se mencionó que dicha decisión favorecería indirectamente a los vecinos de enfrente: la familia Arizpe; quienes, como si tuviesen información privilegiada o de primera mano, comenzaron a rehabilitar inmuebles en el perímetro del parque más importante del estado, mismos que habían permanecido abandonados durante casi una década.

El segundo de los temas, el 6 de noviembre se documentó que, tras la caída de la plaza de toros “Fermín Espinoza Armillita” luego de 33 años de funcionamiento, denominada en documentos “Plaza de Toros del Valle de Saltillo, S.A. de C.V.”, su transmisión de la posesión a Gobierno del Estado (a fin de edificar este último un espacio multiusos techado al estilo Domo Care, en la Expo Feria Guadalupe), supuso un beneficio para la plutocracia saltillense, reunida como tenedores de acciones en común (ahí aparecieron, por ejemplo, desde los herederos de Armando Guadiana, el extinto Eliseo Mendoza Berrueto, Rosendo Villarreal Dávila, Abraham Cepeda Izaguirre, Enrique Martínez y Martínez, Mario Eulalio Gutiérrez Talamás, Juan Pablo Rodríguez Delgado, Jesús de las Fuentes Cabello, Emilio Chapa Esquivel, Alejandro del Bosque, Francisco Javier Duarte Villegas, Braulio Cárdenas Cantú, los hermanos Virgilio y Sergio Verduzco Rosan, entre otros).

Y en el tercer asunto, el 5 de enero de 2025 se publicó que a 55 días de finalizar el 2024 y el trienio Municipal en términos políticos, el Congreso del Estado aprobó una operación ejecutada previamente por el Ayuntamiento de Saltillo en aquél año: cambiarle a un particular un terreno, ubicado antes de llegar al Ejido Rincón de Los Pastores, por una serie de inmuebles de propiedad municipal, cinco en total, colindantes al Bulevar Los Pastores, en el norte de la ciudad.

La favorecida única fue Carla Aburto Verduzco (identificada en documentos oficiales en algunas ocasiones también como Karla), de 67 años de edad, de la popular familia Verduzco de constructores.

Ahora bien, la titularidad del inmueble intercambiado se demostró con una escritura pública del 14 de noviembre de 2022, es decir, cuando ya había iniciado la administración municipal que hizo la permuta. Dicho de otra forma: Aburto Verduzco mantuvo en su poder sólo año y medio el predio en cuestión. ¿Acaso compró (o se adueñó) para vender ipso facto? ¿Disponía información catastral privilegiada y de Desarrollo Urbano?

De ser así, se le llama especulación.

Cortita y al pie

El común denominador de los casos arriba relatados es que, en todos, siempre gana la plutocracia saltillera con un empujoncito del poder en turno. La plutocracia, por definición, es la influencia de los ricos en el Gobierno pese a significar estos una minoría. Su preponderancia como forma de oligarquía.

La última y nos vamos

Por eso ahora, a propósito del agua tratada, el quid de la cuestión es simple: hasta qué punto funciona el esquema de asociaciones público privadas en beneficio colectivo, y hasta qué punto, más bien, privados con información privilegiada aprovechan recursos públicos en la metáfora de la puerta giratoria por cada proyecto de inversión importante.