Al estilo 4T y con el sello de la marca: una estilista de Cholula, Puebla, aparece como proyectista —por lo menos en documentos oficiales— del Tren Saltillo-Nuevo Laredo en el tramo de 117 kilómetros entre Derramadero y Santa Catarina (de los cuales 28 corresponden a Saltillo y 30 a Ramos Arizpe), identificados como segmentos 13 y 14, el cual costará 30 mil 770 millones de pesos.

Quien esto escribe tuvo acceso al proyecto aprobado hace dos meses, el 12 de noviembre de 2025, mediante la resolución administrativa SRA/DGIRA/DG-09158-25, el cual contempla 5 estaciones de pasajeros, 13 viaductos y 1 túnel, amén de obras complementarias como 26 puentes ferroviarios.

Se trata de ingeniería especializada que requiere conocimientos técnicos y pericia. Por ello la pregunta inicial, dirigida en este caso a la Dirección General de Obras de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, es por qué no emplear arquitectos, contratistas, constructores, topógrafos e ingenieros civiles de Coahuila y Nuevo León.

Por qué, en cambio, recurrir a la contratación -o por lo menos al uso de los datos personales- de una persona que renta un local que funciona como estética, peluquería y salón de belleza, denominado “Donatella Beauty House”, en una plaza comercial ubicada en la reserva territorial Atlixcayotl, de San Andrés Cholula, Puebla.

¿Qué sabe de durmientes y balasto alguien que se dedica a mechas y rayitos? ¿Por qué se tiene que torcer y encubrir un proceso tan delicado que supone transporte de pasajeros con falsas contrataciones? ¿Es necesario?

No es la primera vez que sucede algo así en Coahuila con recursos federales. En enero de 2020 se publicó en este mismo espacio el caso del mesero de Acapulco que resultó adjudicado con 20.5 millones de pesos vía un contrato de la Sedatu para una obra en Piedras Negras.

Hace algunos años, en los albores de la 4T, todavía tenía credibilidad popular la narrativa de la polarización; en ese sentido, para amarrar las manos a los ‘prianistas vendepatrias’ y demás adjetivos y descalificaciones a priori endilgados en su día, había que importar gente honesta de otras latitudes, de afinidad al régimen morenista por supuesto, aunque no tuviesen capacidad para las encomiendas públicas.

No obstante, un alud de evidencia sobre corrupción en las obras emprendidas durante el sexenio de Obrador desechó ese discurso demagógico inicial pues, ahora se sabe, ésta ha sido mucho mayor, pero también la inoperancia e incompetencia.

Sin ambages: son una calamidad.

Selene Scarlett Cholico Palafox funge como dueña, con el 98% de las acciones de la sociedad mercantil Grupo Constructor Actum, S.A. de C.V., constituida el 29 de junio de 2020 en Puebla, con el objeto social principal de dedicarse a la construcción en general. Dicha razón social figura en documentos como responsable del estudio de impacto ambiental denominado “Sistema Ferroviario para conectar Saltillo - Nuevo Laredo (Saltillo – MTY)”.

Radicada en Zapopan, de 29 años de edad, Selene Scarlett es entonces la ‘mente maestra’ de la obra. Su socia con el 2% restante de la persona moral, es Iveth Areli Santos Yáñez; ella y el apoderado legal, Raúl Sebastián Prideich Arbesú, están vinculados con BIIA Biología Integral de Impacto Ambiental, S.A. de C.V., empresa poblana con domicilio en Ciudad de México.

Ahora bien, de concretarse la construcción, para Saltillo sólo se considera una estación: al final del bulevar Emilio Carranza, en la zona que divide al centro de la ciudad y la colonia Guayulera. La antigua estación de pasajeros que funcionó hasta 1997. Y nada más. Hágale usted como quiera: no habrá otros paraderos urbanos.

No se trata de una zona accesible que conecte con otra de la ciudad, si bien se puede llegar desde el centro, sur y poniente recorriendo un laberinto previo. El norte y el oriente, por ejemplo, son los grandes olvidados en la ecuación.

El costo ha sido estimado, inicialmente, en 30 mil 770 millones de pesos. Considerando que son 117 kilómetros en total, equivale a 263 millones de pesos el kilómetro. Cuestionable. La velocidad proyectada del tren, 177 kilómetros por hora, no podrá desarrollarse en ningún trayecto de la zona urbana. Lo máximo serán 100 km/h y será tirado por locomotoras a diesel. Nada de energías limpias.

El plazo de conclusión ha sido calculado en 4 años. Eso significa que a finales de 2029, si no hay cambio de planes, inconvenientes, sobreprecios impagables o sencillamente no se consuma el plan, quedaría listo justo para ser inaugurado por el próximo Gobernador del Estado.

Cortita y al pie

Como grupo en el poder, la 4T no se distingue por rectificar; ni antes ni durante ni después del proceso. Simplemente no sucederá. Ni cuando la opinión pública lo demanda y mucho menos cuando la presión mediática lo señala o la oposición política les reconviene.

Vamos: ni aunque se les muestre por cualquier medio la evidencia concluyente para demostrar que están equivocados. El autoritarismo no corrige ni negocia. Su modelo de gobierno es otro. Impone. Así que no espere resultados diferentes en esta ocasión.

La última y nos vamos

Sin embargo lo que mal empieza…