En 20 días de campaña transcurridos hasta hoy (de 30 oficiales en total) se han dicho muchas cosas banales y pueriles al calor de la contienda electoral en Coahuila. Sin embargo el jueves, desde Monclova, el dirigente del partido político estatal México Avante, Fernando Rodríguez González, quien a su vez es diputado suplente por el PT, durante una entrevista con un medio de comunicación local hizo una revelación que significa una bomba informativa.

Cito textualmente: “Ricardo (Mejía Berdeja) negoció la posición con él, por lana, por billetes, más de 50 millones de pesos le costó a él la diputación, a ‘Tony’ (Flores Guerra); se los dio a Ricardo”, expresó.

Interpretando esas palabras y para poner en contexto: durante 2023, luego de la escisión de Morena y el Partido del Trabajo en la entidad que terminó con Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja como candidato a Gobernador por el PT y líder del emblema, éste, al mando de la coordinación estatal, vendió la posición de privilegio que tocaría al PT por representación proporcional (“pluri”, pues al mismo tiempo hubo elecciones de diputados locales) al entonces proveedor en boga de CFE, adjudicado con alrededor de 6 mil millones de pesos en supuestos pedidos de carbón mineral de 2021 a 2024, Antonio Flores Guerra.

Para dimensionar la transacción: un Lamborghini Urus como el que presume el legislador local y le ha dado fama allende las fronteras de Múzquiz, cuesta 7 millones de pesos. Así pudo comprarse siete vehículos como ése con lo desembolsado a cambio de posar con el membrete autoimpuesto del “Diputado del pueblo”.

Ahora bien, Fernando Rodríguez, el delator del presunto trato, pasó de ser un ferviente defensor de Mejía Berdeja en la coyuntura de 2022, a un acérrimo detractor. En esa circunstancia se deben montar y acomodar sus palabras. El testimonio como elemento probatorio es insuficiente aunque interesante.

Fungió como legislador local por espacio de dos quincenas (durante marzo de 2024, al inicio de la Legislatura) en ausencia de Flores Guerra (quien se apartó de la curul entonces para cederle el espacio y se quitase la tentación de probarla), y actualmente figura como candidato de México Avante a diputado local por el distrito 05 con cabecera en Monclova (“Tony”, por su parte, compite por el distrito 06 bajo el emblema Morena-PT).

Si cayésemos en una falacia ad hominem, podríamos afirmar que Fernando sabe de lo que habla y su alegato de primera mano posee conocimiento de causa. O, por el contrario, que se trata de un personaje grandilocuente y megalómano con hambre de reflectores.

En cuanto a Mejía, existe una historia que le precede.

La víspera de las elecciones estatales de 2023, Antonio Attolini lo calificó como “vulgar ambicioso”, “loco”, y le condenó “al basurero de la historia”; hoy hace campaña a su lado en Torreón.

Alejandra Salazar le acusó de dividir el voto en 2024, y le culpó por consecuencia de su derrota en la capital. Alberto Hurtado lo tildó de “traidor” en 2025; hoy hace campaña a su lado en Saltillo. 

Morena y PT son enemigos íntimos, no obstante cayeron en la circunstancia de necesitarse unos a otros. Un juego de perder-perder.

Y finalmente, es necesario abordar el desfase con la realidad económica.

¿Quién tasa en esa cifra el valor de una curul? ¿Qué estándares y parámetros se toman en cuenta para formalizar la cantidad y mercantilizar o monetizar un cargo de representación popular?

Por lo demás, ¿qué haría usted con 50 millones de pesos?

Comprarse un lugar por tres años en el Palacio Legislativo, un asiento dónde ir a dormir los martes el tiempo que dure la sesión, no creo que forme parte de su esfera de interés.

¿El fuero que simboliza la posición vale $50 millones, considerando que la mayoría legislativa no favorece a Flores Guerra y podría ser eventualmente desaforado de todas formas por el mismo órgano?

Cortita y al pie

No existe formación política ni meritocracia en el sistema de partidos. No hay legisladores de carrera sino alfiles temporales ocupando un espacio en tanto le son abiertas otras puertas más redituables para su causa.

Mientras el árbitro electoral enfoca los reflectores en las formas, como el lenguaje incluyente, y avala manifestaciones veladas de censura, como la violencia política en razón de género, en sus narices subyace un mercado negro de candidaturas.

¿Por qué no se pronuncia al respecto el Instituto Electoral de Coahuila si se supone que monitorea de oficio las campañas?

¿No puede actuar a su vez la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales?

¿La Unidad de Inteligencia Financiera estatal que asumió hace 15 meses Raúl Sifuentes (ex jefe político de Berdeja, por cierto), todavía existe? ¿Sirve de algo?

La última y nos vamos

Si un carbonero nuevo rico pone 50 millones de pesos encima de la mesa por una insignificante diputación en el Congreso del Estado, cuánto costará que un carbonero consolidado con 40 años en el negocio compre, por ejemplo, una candidatura de Senador para que su hija sin talento ni experiencia laboral o política le suceda en el escaño.

Ahí está el detalle: en la democracia del mejor postor.