Volvió Torquemada en forma de transformación. La Inquisición ahora no es Santa, sino de cuarta. Y como la reversa también es cambio, nos encaminamos de regreso a la jaula (Roger Bartra, dixit).

Un fantasma se cierne sobre la conversación pública: es el ánimo por censurar la narrativa discordante de su propaganda, emprendido por el régimen de la 4T que acumula ocho años en el poder. No sólo se trata de bloquear e impedir el discurso, sino castigarlo en todas sus manifestaciones.

Así hemos llegado al patético episodio en donde dos diputadas locales de Morena en Puebla, haciendo uso del micrófono en un podcast –ahora que a muchos políticos advenedizos les ha dado por ser comunicadores, según ellos para “ganar la narrativa”– mencionaron en tono de burla que los hombres mayores “huelen a baúl” y “se están pudriendo”.

Una tontería por donde se vea, y hasta una proyección personal si me apuran. Intrascendente, por lo demás. Nada para detenerse a debatir ni polemizar, pues además fue proferida en su “programa” (es decir, un espacio individual y privado, no la tribuna del Congreso). Estupidez en su jugo, simplemente, puesta a disposición de quien quisiera escucharla y amplificarla. Eso es lo que tienen para comunicar, como tantos otros “creadores de contenido”.

Sin embargo el episodio fue bastante para suspender ipso facto mediante un procedimiento abreviado sus derechos políticos como militantes de Morena, por tanto no podrán ser votadas en próximos comicios.

Ahora bien, ¿y la libertad de expresión, apá?

¿Acaso los dichos de las legisladoras a alguien recordaron la figura de Obrador, o como partido lo hacen de cara al tendido de sol, ahí donde reposan sus clientelas electorales de 65 y más que se pudieron sentir agraviadas por el comentario (si acaso se enteraron de éste, cuestión a todas luces improbable si no lo retoman otros medios de comunicación)?

Pero no arribamos hasta aquí por generación espontánea, de la noche a la mañana. Existe una serie de actos concatenados en la misma dirección.

El 2025, para dimensionar, fue un año de asedio al periodismo; un ciclo anual donde fuimos espectadores de la pérdida paulatina de libertades como no existía precedente, por lo menos no durante la época de la democracia en México (1997–2024).

Con la reinstauración en el sistema político del partido dominante a partir del 1 de septiembre de 2024, luego de la conformación absolutista en el Congreso de la Unión y el asalto al Poder Judicial como colofón del periodo regresivo, se sembraron las condiciones para que los aparatos estatales, 24 de los cuales ostenta la coalición en el poder, puedan avanzar sin que una oposición ciudadana frene la conquista de terreno.

La extinción del INAI, y seis órganos autónomos más, consumada en diciembre de 2024, constituyó el primer paso. Posteriormente, los nuevos instrumentos en la legislación para coartar la crítica, amedrentar, silenciar y castigar, con envoltorio de violencia política por razón de género, cuyo uso y abuso ha provocado un debate en la opinión pública (especialmente a raíz del caso que involucra a la diputada federal del PT que recibió el mote de “Dato Protegido”).

Por su parte la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, impulsada por Morena y publicada el 28 de noviembre, contiene, en su redacción, elementos que pueden ser utilizados para empapelar a cualquier personaje incómodo, al ser redactados con vaguedades. Así cualquier crítica, cobertura o investigación periodística podría ser querellada como extorsión, bajo argumentos tan amplios como “daño moral”, “daño psicológico” u “obtener un beneficio”, y publicar información de interés público, convertirse en riesgo penal.

En lo local destacan los casos de Campeche, Veracruz, Michoacán y Puebla, todos gobernados por Morena.

El 15 de septiembre, en Campeche, se impuso a un periodista y su medio de comunicación (periódico “Tribuna”) un precedente peligroso: la figura del “censor designado”. Una jueza de control del Sistema Penal Acusatorio y Oral ordenó que las publicaciones relacionadas con la gobernadora, Layda Sansores, fuesen revisadas antes de difundirse, durante un periodo de tres meses. Cada nota donde se le mencionase debería enviarse a revisión del Poder Judicial en aquella entidad para recibir observaciones, modificaciones, o incluso la prohibición de la publicación.

El objetivo, según el acuerdo judicial, era evitar la difusión de contenidos que puedan considerarse ofensivos o discriminatorios hacia la Mandataria, quien previamente había logrado el cierre de las instalaciones del referido diario, y la inhabilitación durante dos años del comunicador que lo dirigía, tras una demanda por “incitación al odio”, además de “violencia, calumnias y difamación”.

En Coatzacoalcos, Veracruz, el 24 de diciembre fue detenido, vinculado a proceso y sometido a un año de prisión domiciliaria un reportero, inicialmente por el delito de “terrorismo”, y posteriormente por “encubrimiento”, por no revelar las fuentes de su cobertura periodística de nota roja, pese a que la Suprema Corte ha establecido jurisprudencia al respecto sobre la reserva como elemento esencial del ejercicio periodístico.

En Michoacán, también ese mes, una mujer fue aprehendida por hacer publicaciones en redes sociales contra un servidor público municipal, encauzadas bajo el delito de “ataques al honor” a través de medios cibernéticos.

En Puebla, un periodista, director de un medio digital con años de trayectoria, fue vinculado a proceso por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, las cuales, irónicamente, se fundan en los pagos que hizo este a su abogado defensor en el mismo caso.

Y ahora la iniciativa oficial de controlar la difusión de contenidos bajo la figura jurídica del “derecho de las audiencias”, misma que se puso en circulación desde la Presidencia en “La Mañanera”, y se contrapone a la libertad de expresión.

Al ser Gobierno de la República el instigador, indirectamente revela que ya no le alcanza con intervenir la agenda pública de lunes a viernes, ni las redes sociales vía el aparato de propaganda y desinformación. Necesitan algo más.

Cortita y al pie

En el país el enemigo son los periodistas. Cada día se cuentan por miles las publicaciones en redes sociales que buscan denostar, hostigar y, en última instancia, desestimar al mensajero. Esfuerzos públicos y privados. Algunos ociosos, producto de la inercia, y otros más –la mayoría– sincronizados y con conocimiento de causa. A fuerza de repetirse y por imitación se ha vuelto deporte nacional.

Tan revueltas están las aguas que, si un representante de la 4T, objeto de escrutinio y revisión de su labor, es corrupto, harán lo posible porque la culpa recaiga en el comunicador que lo difunde.

Ha revivido entonces el ritual de la retractación pública que Foucault identifica en su libro “Vigilar y Castigar” (Siglo XXI, 1975).

Menciona el autor francés: “La ejecución de la pena no se realiza para dar el espectáculo de la mesura, sino el del desequilibrio y del exceso; debe existir, en esa liturgia, una afirmación enfática del poder y de su superioridad intrínseca. El suplicio no restablece la justicia, reactiva el poder. Es una manifestación de fuerza. Desempeña una función jurídico-política: debe ser resonante, y debe ser comprobado por todos; se trata de un ceremonial que despliega a los ojos de todos una fuerza invencible”.

La última y nos vamos

Llegaron con saliva, se mantienen con la chequera (repartiendo dádivas y reduciendo a un cajero automático en medio de la nada la administración pública federal), aunque aspiran a eternizarse aplanando la crítica, valiéndose de salir airosos en una hipotética batalla cultural.

Si bien el fenómeno no es nuevo, a últimas fechas experimentamos una regresión en la vida pública del país. Así se va normalizando el asedio.