El último feminicidio que ocurrió en Saltillo (lunes 6 de julio, colonia Santa Bárbara) tiene mar de fondo.

La Fiscalía de Coahuila, sintiéndose (dicho esto como si fuese un ser sintiente) comprometida “a dar resultados” en su prioridad, o sea los delitos de alto impacto (o aquellos relevantes por su visibilidad para la opinión pública y su registro en las mediciones oficiales, más bien), se apresuró dos veces.

La primera, para comunicar a quien corresponda que el presunto feminicida –entonces plenamente identificado– había sido “abatido” (así, usando ese término bélico) en Amecameca, Estado de México, “por fuerzas Federales” (sin explicar específicamente a qué grupo policiaco, militar o paramilitar se refería, entre el cúmulo de facciones existentes), por tanto ya no habría justicia penal en Coahuila.

La segunda, inmediatamente después, para informar que siempre no sucedieron así las cosas (quitando con ello responsabilidades a terceros uniformados de todas formas anónimos), sino que se trató de un suicidio cometido por el individuo, al verse acorralado e inminentemente detenido (sin mencionar, una vez más, quién lo cercaba y bajo qué circunstancias).

Nada nuevo bajo el sol, por lo demás, pues en el ejercicio de sus funciones, las fiscalías destapan y tapan a discreción detalles que a su derecho, o al contentillo, convengan. Y lo seguirán haciendo, por lo demás, entre un aluvión de conductas antisociales irresueltas que no tienen reflectores pero sepultan con documentos los escritorios de los ministerios públicos.

Previamente, aún estando vivo el prófugo, un mensaje cifrado del Fiscal del Estado, Federico Fernández, había sido transmitido a éste, utilizando su plataforma favorita: los medios de comunicación como caja de resonancia enfocándole a él todo el tiempo: “te tenemos ubicado (lo cual podía ser cierto, o no, en ese momento), entrégate”.

Luego está el tema de la pertenencia. O diferenciar –término que roza con una delgada línea llamada discriminar– que los involucrados en el asunto, victimario y víctima, eran originarios de Ciudad de México y Chiapas respectivamente, no nativos de Saltillo ni con familiares o arraigo en la capital de Coahuila. Unos –tal como los regiomontanos acuñaron para descalificar, y los saltillenses copian– chiriwillos.

Ella llegó huyendo de él, y él iba tras ella. Ambos de paso, tal vez, o permanentemente para residir en el Municipio si las condiciones –y particularmente su desenlace– hubiesen sido otras.

Chiapas –cabe señalar como nota al margen– es la entidad que, de 2023 a la fecha, más migrantes envía a Saltillo, como ha sido documentado con anterioridad –empadronados, por lo menos– en este mismo espacio.

Diana Marina (41 años), oriunda de Tapachula, llegó de Ciudad de México al “santuario” de la seguridad en el norte del país, y se estableció en un enclave de pocas calles a lado de los terrenos de la Feria, en el oriente de la ciudad y sus proximidades con Arteaga, junto a sus tres hijos (uno de ellos con síndrome de Down) de 13, 17 y 19 años de edad, ninguno de los cuales mantenía una relación paterno-filial, ni sanguínea ni jurídica, con su verdugo, Fernando Marcos (54 años), quien siguió viviendo en la calle Tapicería de la colonia Morelos, a un costado del barrio de Tepito, aunque los 840 kilómetros de distancia no representaron una barrera para trasladarse a ejercer violencia periódicamente.

Fue popular el episodio de la pedida de mano en público, ante cientos de saltillenses el 15 de septiembre de 2025, en la Plaza de Armas, en medio del espectáculo que amenizó el Grito de Independencia, con público asistente de testigo (y por lo menos una docena grabando el momento desde sus celulares para posteriormente publicarlo; nadie sabía en ese momento que, entre ellos, los protagonistas, había una querella y una orden de restricción).

O aquello que dibuja en su libro El Invencible Verano de Liliana su autora, Cristina Rivera Garza: el perfil psicópata invisible tras un machismo visible; “la decisión de él fue que ella no tendría una vida sin él”. O mía o de nadie más, en pocas palabras.

Y por otro lado, en casa del herrero, cuchillo de palo.

El hoy finado, Fernando Marcos, era hermano de Mónica Araceli Herrerías Domínguez y dos mujeres más. El único varón de la familia Herrerías Domínguez.

La referida, psicóloga por la UNAM en 2003, para obtener su título presentó la tesis “Violencia y abuso sexual intrafamiliar desde la perspectiva de género”. Desde ahí ha emprendido una cruzada como activista para impulsar su “agenda violeta” desde diferentes espacios, principalmente usando dos asociaciones como coartada: un tal “Instituto de Investigación y Estudios contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes”, y el “Instituto de Capacitación y Evaluación GAHE, S.C.”.

A su vez abogada y mediadora, edita la revista Femtopía Empresarial; un lavado de cara ideológico enfocado en la imagen corporativa de los clientes –con el morado feminista por delante– para negocios y empresas. Posee, además, otra publicación Femtopia, capítulo Morelos, amén de un lobby de cursos, talleres y diplomados con la misma finalidad.

Y aquí llegamos a un cruce interesante: la referida revista feminista se imprimía en el taller de artes gráficas propiedad del feminicida, de oficio impresor, en Ciudad de México.

Cortita y al pie

Fernando Marcos, “el chilango”, como le conocían en Saltillo, o “el colombiano”, como le apodaban en Tepito, siempre armado y con bandolera como huella de identidad, tiempo atrás vivió a salto de mata entre Amecameca y Veracruz (donde radica otra de sus hermanas), acusado de secuestro.

Por lo demás, uno de sus cuatro hijos fue privado de la vida en una disputa entre la Unión Tepito y Los Zapotitla Fierro. Otro descendiente, previamente en prisión, actualmente se mantiene sujeto a firma periódica en el Reclusorio.

La última y nos vamos

Con un disparo en la cabeza luego de una persecución que inició en un retén de seguridad y terminó en el interior de un domicilio, como única constancia de los hechos quedó una carpeta de investigación en la Fiscalía Regional de Amecameca, expediente AME/CHA/020/186004/26/07.

El cuerpo fue reclamado por su hermana el día 16 de julio en el Servicio Médico Forense de Chalco, y al día siguiente inhumado en el Panteón Civil San Nicolás de Tolentino, en Iztapalapa.

Y aquí viene lo interesante: fue velado de madrugada, a puerta cerrada en el velatorio del inmueble, pese a tratarse de un recinto público de la Alcaldía.

Así, diez días después de cometido el crimen en Saltillo, caso enterrado.