Alma Carolina Viggiano Austria, hidalguense de amplia trayectoria política, recordada en el plano local por ser presidenta honoraria del DIF Coahuila durante la gubernatura (2011-2017) de su esposo, Rubén Moreira, amén de ser actualmente senadora (donde ninguna oportunidad tiene para dejar huella de su trabajo legislativo ante la cerrazón del bloque oficialista y la escasez de escaños que sumen mayoría en la bancada priísta) ha fungido a últimas fechas como panelista de opinión en segmentos de noticieros emitidos desde Ciudad de México, mismos que destinan parte de su programación en poner a discutir tópicos de actualidad a diferentes actores con intereses diversos.

A eso le llaman pluralidad, pero esa es otra historia.

Pocos ven y escuchan dichas transmisiones en vivo, no obstante sirven estas para que los equipos de comunicación de los participantes, por lo regular con cargo público, corten clips de video con lo más destacado -a su juicio- de las intervenciones, las editen y posteriormente publiquen sin contexto en redes sociales, buscando entrar en la opinión pública a golpe de reproducciones e interacciones con un objetivo: ganar la narrativa y generar un efecto positivo para su causa por consecuencia.

Con talante tranquilo, argumentos y preparación, Carolina Viggiano ha propinado sonados nocauts técnicos a los voceros y propagandistas de la 4T las últimas semanas en dichos espacios; lleva buena racha en las mesas de debate.

Es relevante contextualizar y ubicar lo anterior en una línea del tiempo, pues acto seguido a las refriegas han aparecido por generación espontánea notas en periódicos de circulación nacional que le señalan y buscan desacreditarle; todas relacionadas con su patrimonio en Hidalgo. Su atemporalidad, sin embargo, levanta por lo menos una ceja.

Otro detalle llama la atención: Viggiano en 2022 fue candidata a la gubernatura de Hidalgo por la coalición PRI-PAN-PRD; quizá el momento de mayor exposición y escrutinio público de su trayectoria, y en esa campaña electoral poco “encontraron” sus adversarios -en la plenitud del régimen- para enlodarle.

Prueba de la cruzada sistemática en su contra fue la resolución a toro pasado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, sentenciando que Obrador vulneró la equidad, neutralidad e imparcialidad de la contienda en Hidalgo con sus dichos en contra de Viggiano. No obstante, no fue sancionado.

Ahora, en cambio, cuando no participa de manera directa en una elección y se juega sólo su credibilidad, ha renacido el interés por su situación patrimonial.

El lunes 5 de octubre, para iniciar semana laboral y marcar la agenda con un tema, como mandan los cánones del periodismo, al unísono El Universal y Reforma (el primero en su edición impresa y el segundo sólo en su página web) publicaron la misma información: Viggiano adquirió una “mansión” valuada en 40 millones de pesos a precio de mercado.

Para llegar a esa conclusión primero identificaron el expediente catastral de la propiedad y sus movimientos (donde a juzgar por los mismos, Viggiano compró en 2019 y posteriormente vendió en 2023), y acto seguido lo vincularon con el domicilio fiscal registrado por uno de los hijos de Viggiano ahí mismo (aunque con una constancia de situación fiscal de 2023, no actualizada). Con ello cerraron el círculo, por asociación.

Lo curioso fue que ninguno de los acreditados periódicos adjudicó la nota a sus reporteros o equipos de investigación. Ambas fueron firmadas como “redacción” y eso, en el argot periodístico, significa una cosa; o varias. Ninguna virtuosa, por lo demás. Posteriormente fue replicada en idénticos términos por decenas de medios de comunicación. Tampoco se trata de un tema nuevo; en 2022 el caso fue difundido por primera vez.

La reciente publicación, cabe señalar, fue construida con documentos del SAT y del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México. Aunque acceder a ellos, particularmente a datos específicos como el folio real del inmueble, es atribución exclusiva del propietario, o su representante legal, o algún notario público con territorialidad y competencia en el asunto.

Dicho de otra manera: legalmente no puede obtenerlos cualquier persona, ni representan información pública de oficio.

Esto es importante aclararlo pues el asunto huele a las mismas cañerías de donde salió en su día (2015) un caso inmobiliario contra el entonces perredista Marcelo Ebrard en Ciudad de México. Incluso hasta el monto de la operación se aproxima: 33 millones de pesos el valor de la transacción realizada por Ebrard en la colonia Roma Norte, 40 millones de pesos la de Viggiano en Lomas de Chapultepec.

Cortita y al pie

En la operación se involucran dos sociedades mercantiles: Borsa Inmuebles y Bienes Raíces, S.A. de C.V. (como vendedor en 2019), y Corporativo Awiki, S.A. de C.V. (como comprador en 2023). Ambas fueron constituidas en 2013 y 2021 respectivamente en la misma notaría: la 26 de Monterrey, cuyo titular es Gustavo Escamilla Flores.

Con calzador se ha planteado que ambas “empresas norteñas” fueron en su día proveedoras del Gobierno de Coahuila, aunque una revisión por separado de los padrones anuales de proveedores y contratistas, en poder de quien esto escribe, no permite corroborar ese dato.

De igual forma en el texto se les señala como razones sociales que han sido boletinadas por el SAT en el listado definitivo de empresas que facturan operaciones simuladas. Según la base de datos verificada, ninguna de las dos personas morales se ubica en ese supuesto jurídico.

La última y nos vamos

Si bien el rigor del “reportaje” no se sostiene, la mano que mece la cuna tiene un punto, y, con él, ha exorcizado a los “fantasmas” de Coahuila.

La Auditoría Superior del Estado en tiempos de Armando Plata, mediante una revisión especial en noviembre de 2016, estimó en 494.6 millones de pesos el daño patrimonial causado al erario estatal con 13 empresas fantasmas que facturaron de 2014 a 2016.

Por separado, una investigación de Iniciativa Sinaloa publicada en julio de en 2020 tasó la cantidad en 680 millones 154 mil pesos.

En tanto Rubén Moreira, “Mr. Prescripción”, en 2027 sumará 9 años en la Cámara de Diputados atrincherado desde 2018, con fuero y dejando correr el tiempo necesario (7 años, por lo general) para que los delitos de carácter administrativo durante su gestión prescriban.

Ahí está el detalle.