Eran las calendas de octubre 2018 y un fenómeno electoral llamado Andrés Manuel, todavía dentro de una espiral ganadora y conservando un aura mística de líder social emanado de la voluntad popular, arribaba en visita informal como Presidente electo al Palacio de Gobierno de Saltillo para reunirse con Miguel Ángel Riquelme, a la sazón Gobernador de Coahuila, quien le recibió en la puerta del edificio frente a los representantes de los medios de comunicación ubicados atrás de las vallas colocadas en la entrada para documentar el encuentro.

En esa euforia “chaira”, sintetizada en sed de venganza y presupuesto (en ese orden), un fanático preguntó a López Obrador, a gritos y a la distancia, mientras posaba éste junto al Mandatario estatal para las fotografías del suceso: “¿Va el fracking en Coahuila?”, a lo que el tabasqueño respondió casi inmediatamente: “no, no va el fracking en Coahuila”, haciendo aspavientos airados con el dedo índice, ante la sonrisa nerviosa del lagunero. 

Ambos políticos se dieron la media vuelta y entraron al recinto de cantera rosa. El comunicador, junto a otras voces anónimas que aguardaban un mitin improvisado en la Plaza de Armas, festinó la contestación como un triunfo personal. 
Pero ya es 2026. La decepción que generó el Obradorato enrarece el ambiente casi ocho años después, y la aceptación inicial que tuvo el régimen de la presunta transformación ha menguado paulatinamente.

Hoy las finanzas públicas federales están más comprometidas que nunca gracias a la deuda pública contraída en los últimos ejercicios, el crecimiento del PIB anual es raquítico, la inflación no ha dejado de aumentar (y con ello la canasta alimentaria), la inversión extranjera ha caído drásticamente, y el déficit fiscal es grave.

Lo anterior son los pésimos resultados en lo económico (faltan las reprobatorias en salud, educación, seguridad, eficiencia gubernamental e infraestructura, por citar los rubros más importantes de la administración).

Por ello la apuesta de negocio, ahora, en esa coyuntura de fracaso, es el Gas Shale.

En lo que va de su mandato, la ambientalista que hoy es Presidenta de la República no ha mencionado abiertamente el tema; sólo ha presentado a grandes rasgos –en agosto de 2025– el “Plan Estratégico 2025-2035” de Pemex, donde traza escuetamente y con eufemismos un objetivo general: “el rescate de la capacidad financiera” (del estado mexicano), a partir de “nuevos esquemas de desarrollo en yacimientos de geología compleja”. Nunca se menciona, fracking, la palabra prohibida.

Esto último se refiere, particularmente, a “las cuencas de Sabinas y Burgos” (ambas con territorialidad en Coahuila), pues en su diagnóstico “son más propensas a contener gas seco y localmente gas húmedo y aceite ligero”, así que “tienen el potencial de cambiar el panorama declinante de la producción en México”.

El Gobierno de Coahuila intenta ser punta de lanza, sembrando las condiciones para que Gobierno Federal le haga segunda. Ha mandado mensajes en las últimas semanas, sobre un presunto interés de la iniciativa privada (así, genérico, sin revelar quiénes son) y supuestos inversionistas para los “contratos mixtos”.

No ha sucedido. Públicamente no hay modificaciones en la narrativa, y probablemente no las habrá en todo el sexenio de cara al público elector. De hecho se está tardando el Gobierno Federal, considerando su propio calendario, presentado hace 7 meses, según el cual “el paso inmediato” era “la ejecución de programas de evaluación inicial”, además de “realizar las gestiones administrativas y obtener los permisos correspondientes” con el propósito de “iniciar a finales de 2025” dos bosquejos, “los cuales serán evaluados a lo largo de 2026”.

La realidad se impone: tenemos un Gobierno federal poco serio y endeudado, es decir, sin margen de maniobra para impulsar inversiones por su cuenta, y las que ha impulsado en el pasado con recursos propios, han resultado un desastre; acaso lo más importante: sin certeza jurídica para nuevos y viejos jugadores, nacionales o extranjeros, gracias a la reforma para demoler al Poder Judicial del año pasado, difícilmente alguien con dos dedos de frente sentará sus reales en el subsuelo coahuilense con reservas.

¿Para qué? ¿Para que un Noroña o una Lenia Batres decidan el futuro de inversiones millonarias con base en sus filias y sus fobias? Ya lo creo.

Cortita y al pie

El ‘Gas Coahuila’ es una falsa denominación de origen que pretende representar la oportunidad, acaso la única en el horizonte, para producir riqueza.

En ese sentido el PRI-Gobierno ha sido congruente. Desde 2012, cuando cambió el eslogan estatal a “Un Estado con Energía”, y se creó como estructura alterna un conglomerado de intereses llamado inicialmente Clúster Energía Coahuila, operado por Rogelio Montemayor, la idea política ha sido la misma: explotar los recursos del subsuelo; en concreto hidrocarburos.

La incongruencia, en cambio, está del otro lado.

Los chairos vitoreaban en su día las menciones a la prohibición del fracking, usándolas como estandarte de batalla contra ese enemigo imaginario que llaman los “vendepatrias”; sin embargo nunca exigieron que dicha postura de saliva, jarabe de pico esparcido para satanizar la práctica, se plasmara en el marco legal pese a que Morena tenía la mayoría legislativa para dejarlo por escrito. Todo quedó en atole, pues.

Inclusive, como documentó la organización no gubernamental, Alianza Mexicana contra el Fracking, contratos a largo plazo firmados (23 asignaciones) antes de 2018, permanecieron vigentes durante todo el sexenio Obradorista.

Todo lo que criticaron en su día respecto de Peña Nieto, no obstante, hoy pretenden implementarlo exactamente. Dicen que la tecnología ha experimentado avances significativos (desde diciembre 2013, fecha en que la Reforma

Energética permite la fractura hidráulica), lo cual hoy como ayer es falso; o que para obtener licencia social de las comunidades afectadas vigilarán que los beneficios se reflejen en dichas poblaciones, a todas luces cuestionable; y finalmente que consideran el uso de agua residual tratada, lo cual es materialmente imposible ya que se requieren líneas de conducción que no existen y son incosteables como inversión.

La última y nos vamos

Por lo demás, para lo único que ha servido el caso ha sido para demostrar las posiciones líquidas de políticos acomodaticios e incongruentes. Con la izquierda proclaman en el discurso una supuesta “soberanía energética”, o sea, no depender de terceros, y por escrito llaman a establecer “esquemas de ejecución que favorezcan la inversión privada en la exploración y explotación de estos recursos”. 

Son unos falsarios.