Desde la semana pasada a la agenda pública subió un tema de interés general: la desaparición forzada en México, gracias a un reporte elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) a petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual será puesto en próximas fechas a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Todo suena muy formal. Docto. Sin embargo, pese a que se usa la nomenclatura de la ONU como patente de corso para apantallar, no se trata propiamente de una resolución de la ONU (aunque, en vista de su actuación ante los recientes eventos bélicos internacionales, esta y La Carabina de Ambrosio son la misma cosa).

Es un informe de conclusiones, básicamente. Es decir, no explica cómo llegó a estas: si por el método inductivo, o el deductivo. Simplemente las plasma.

Es breve: no más de 27 páginas, algunas de las cuales pecan de reiterativas y tautológicas, y el resto son referencias bibliográficas. La participación de Coahuila (uno de los cuatro estados revisitados junto a Jalisco, Nayarit y Veracruz sin que se determine el porqué fueron elegidos estos como muestra y no otros), por ejemplo, se resume a un párrafo. Pura carnita, sí, pero le falta sustancia para engordar el caldo.

Como sintaxis e hilo conductor del texto usa sentencias definitivas que no permiten una réplica, no un planteamiento, desarrollo y desenlace, como sería lo usual. Si bien fija una hipótesis como punto de partida, no la desarrolla con la metodología de una tesis o tesina.

Esto en cuanto a las formalidades. Ahora bien, en el ámbito que nos ocupa, la mencionada Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), una organización no gubernamental que vive del negocio “derechohumanero” en los hechos, ha documentado prácticas sistemáticas que seguían un patrón regular en Coahuila entre 2006 y 2016. Once de los 12 años que duró el Moreirato.

Y aquí no es ocioso puntualizar el dividendo a recibir, pues en caso de secundarse dicho informe, obtendrían un hipotético apoyo financiero (y asistencia especializada en áreas de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva, amén de representar un mecanismo para esclarecer la verdad y proporcionar protección a las familias).

El análisis, dice, se basó “en más de 500 desapariciones forzadas” ocurridas en la entidad, no obstante recopila sólo 32 casos con 73 víctimas, sin detallar nada, como consta en el documento CED/C/MEX/A.34/D/1, elaborado el 19 de marzo y presentado el 4 de abril.

La información supuestamente analizada permitió a la FIDH identificar dos patrones de desapariciones forzadas. Una por cada Moreira que gobernó Coahuila en La Docena Trágica. Cito textualmente.

“Entre 2009 y 2011/2012, las fuerzas policiales de Coahuila secuestraron a las víctimas, que luego fueron entregadas al cártel de los Zetas”.

“Entre 2011/2012 y 2016, las autoridades estatales responsables de la aplicación de la ley llevaron a cabo directamente actos de desapariciones forzadas a través de sus Fuerzas Especiales, entre ellas el GATE (Grupo de Armas y Tácticas Especiales), creado en diciembre de 2011, la Fuerza Élite, y el GROM (Grupo Respuesta y Operaciones Mixtas)”.

También menciona erróneamente un “GATEM”, definiéndolo como Grupo Municipal de Armas y Tácticas Especializadas, inexistente en la práctica.

En resumen: con Humberto secuestraban y entregaban ipso facto a la delincuencia organizada, y con Rubén desaparecían, constituyéndose entonces como la delincuencia organizada ya sin intermediarios.

Cortita y al pie

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, alineada y alienada con la 4T, por su parte, en un posicionamiento público expresó que “difiere de las conclusiones” del informe, e irónicamente se refiere con comillas a los “expertos independientes” que lo redactaron, acusándoles de ambigüedad, errores analíticos, carencias de sustento, amén de ser acomodaticios, sesgados e injerencistas.

Desde La Mañanera, Claudia Sheinbaum lo rechazó directamente como rechaza en automático y sin evidencia cualquier cosa que no favorezca al régimen que preside usando argumentos que no se sostienen (y sin la gracia que tenía Obrador en su día para hacer lo propio: zafarse de responsabilidades y culpar a otros). Y el nuevo canciller, a su vez, precisó que el Comité “se extralimitó” en el concepto de desaparición forzada.

La última y nos vamos

Se trata de sucesos ocurridos hace tres lustros en promedio. En una parte del documento, incluso cuando habla de Coahuila, cita el 2006, o sea 20 años atrás. A toro pasado confirma prejuicios. O los reafirma, más bien: policía malo, Moreira corrupto, Estado cómplice. Música para los oídos de quien ya se casó con una idea y no la cambiará ni aunque se le presente toda la evidencia para refutar sus dogmas.

Y los desaparecidos, como siempre, son los últimos que importan.