El que nada debe, nada teme, repiten cada que se presenta la ocasión para justificar la tropelía. Pero no es un tema de deber ni de temer algo, sino de privacidad; un derecho básico, mínimo, indispensable para el desarrollo de la personalidad y protección de la dignidad humana.

 

En días pasados se perpetró la celada gracias a un par de acontecimientos ocurridos en un establecimiento para venta de bebidas alcohólicas ubicado al norte de Saltillo, usados ambos como paradigma de problema público.

 

El primero de ellos, verificable y de dominio popular gracias a los noticieros: un joven falleció a causa de las lesiones propinadas en una riña que comenzó al interior del local y concluyó en el estacionamiento.

 

Del segundo suceso, en cambio, sólo conocemos lo divulgado a través de tarjetas informativas, donde la Fiscalía General del Estado consigna la detención de 14 meseros por comercializar narcóticos en centros nocturnos (individuos anónimos, sin mayor detalle ni vinculación con los empleadores o razones sociales para quienes trabajan).

 

Sin embargo, al relacionar a los 14 asegurados (mismos que posteriormente fueron puestos en libertad) con las discotecas, en específico aquella donde ocurrió el incidente relatado que derivó en homicidio, se dejó –deliberadamente o no– un espacio para las conjeturas, en aras de obtener legitimidad a lo que se viene: la acometida policial.

 

Bien lo explica Gusfield en su libro, La Cultura de los Problemas Públicos: El Mito del Conductor Alcoholizado Versus la Sociedad Inocente (Siglo XXI, 2014) que dice, “para que la gente crea que existe un problema, este debe proceder de un drama de carácter moral, producto de acciones simbólicas”.

 

Más fácil: los problemas, en esencia, son “actos de comunicación que se dirigen a auditorios, y a lo que se podría llamar su opinión”. La causa, pues, fue sembrada por la Fiscalía de Coahuila en la opinión pública. Ahora sólo falta impulsar el efecto. De manual.

 

Y así ocurrió, mediante una invitación –o ultimátum, según se vea– a enlazar las cámaras de videovigilancia de los establecimientos referidos con el C4 (Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo). Dicho de otra manera: darle acceso remoto para que pueda otear a la distancia; husmear y curiosear en asuntos ajenos.

 

Alguno podrá decir en defensa de la medida: por lo menos alguien se ocupa de la seguridad pública, no como en los estados donde gobierna Morena. Sí, muy bien. No obstante, el miedo –real o provocado– no debería reducir nuestra esfera personal, al entregar privacidad a cambio de supuesta seguridad.

 

El Estado debe garantizar ambas, no sólo una. Seguridad aparente a cambio de vigilancia real es el punto de partida para la desaparición de la vida privada por exceso de transparencia, o la negación de la personalidad. Un proceso de alienación de los individuos.

 

Amén de los “ojos” digitales del C4, existe un software para maximizar la tecnología y manipular grabaciones obtenidas con ellos. Si bien se trata de algoritmos de inteligencia artificial para investigación y persecución de delitos, siempre existirá la tentación de usar ese instrumento para espionaje a grupos de presión, adversarios políticos, defensores de derechos humanos, activistas y cualquier ciudadano incómodo al poder en turno. Una herramienta peligrosa en las manos equivocadas.

 

El acopio de datos, por lo demás, debe tener alcances, lineamientos, criterios de operación y, especialmente, monitoreo. ¿Quién vigila al que vigila? ¿Existiría un plazo para conservar lo recopilado? ¿Reproducirían esas imágenes en medios masivos de comunicación so pretexto de interés general?

 

Además, quién o qué garantiza que dicha información, o mejor dicho, nuestra información, no será utilizada para otros propósitos. Ahí está, por ejemplo, el C4 Jiménez. Ese reportero urbano, popular por la difusión de material de tinte policiaco proveniente del C4 en la Ciudad de México, filtrado por la propia autoridad en la materia con fines aviesos.

 

El Gran Hermano te observa. Es intrusivo. No se trata de un fenómeno nuevo, pues desde 2019 la distopía se hizo realidad con la adquisición en masa de las primeras cámaras de videovigilancia para colocar en los municipios más poblados de la entidad. Ese año Coahuila imitó a Orwell y recreó su obra 1984 sobre hipervigilancia.

 

Con el tiempo va sumando atribuciones. Tejiendo redes de influencia. La iniciativa que pretende aplicarse desde la jerarquía policial en el estado, en el fondo, expresa una idea materializada: como no pueden cuidar de ustedes mismos, ciudadanos, un ser omnipresente les observará para identificarles. Aunque no para cuidarles, sino para recopilar evidencia gráfica en caso de necesitarla como prueba en la comisión de un delito (actitudes antisociales que irremediablemente se cometerían, pues la observación es reactiva, no preventiva para evitarlas).

 

 

 

El hecho de que las personas den acceso a su privacidad a desconocidos y anónimos, de manera consciente o inconsciente, todos los días todo el tiempo, a través de sus cuentas en redes sociales mediante publicaciones y transmisiones en vivo que documentan sus vidas ordinarias en fragmentos de cotidianidad como espectáculo público del Yo, ¿autoriza indirectamente a que un tercero, en este caso un sistema C4 (monitoreado por policías), tenga acceso a observar gente por default, no en la vía pública mientras transitan por espacios de uso común, sino realizando actividades privadas de recreación y esparcimiento, como el interior de un bar o centro nocturno?

 

La trama pretende ampliarse a restaurantes, de entrada, y una vez obtenga respaldo legal del Congreso del Estado, lo natural sería extender su dominio en un segundo momento. Cuál sería entonces el límite. Así se van cediendo derechos poco a poco hasta configurar una sociedad carcelaria.

 

 

 

¿Qué sigue? ¿Federico Fernández vigilando en su pared de monitores a distancia (un moderno panóptico de Bentham desde donde es posible verlo todo), contando cuántos tequilas le son servidos a cada cliente para llamar ipso facto al barman en caso de emergencia y ordenar que no le sirvan el cuarto so pena de ser clausurado el local por cualesquier motivo? ¿Tan adormilados estamos para no advertir la grave intromisión a la vida privada que se avecina?