Si un estado influye en el comportamiento cultural, social y político de Coahuila, ese es Nuevo León. Y si bien la idiosincrasia del coahuilense es más afín al sanluisino que al regio, incluso al tlaxcalteca pese a ser geográficamente más lejano, el nativo local prefiere ser representado como neoleonés light o habitante a secas de la imaginaria patria norteña, con los estereotipos que representa ello.

Debido a esa imitación por contagio, resulta interesante un debate que se ha implantado en ambos estados vecinos, el cual puede abrir un espacio para la reflexión local.

En los dos casos, para frenar las aspiraciones del Alcalde varón de la ciudad capital (bajo la premisa costumbrista de que cualquier Presidente Municipal de la capital en funciones, el año previo a la renovación de la Gubernatura, es candidato natural a la sucesión): el panista Enrique Galindo Ceballos, en San Luis Potosí, y Adrián de la Garza, el priista, en Monterrey.

Se trata de una jugarreta para sacarlos de la competencia en la etapa de las definiciones; que ni siquiera lleguen a las boletas. Maniobras electorales a favor de las esposas del Gobernador: Mariana Rodríguez Cantú, de Samuel García, y Ruth González Silva, de Ricardo Gallardo; la primera de Movimiento Ciudadano y la segunda del Partido Verde. La “ley Mariana” y la “ley Ruth”, en los hechos.

Uno no ha consumado la treta, porque no puede, y otro ya lo hizo, simplemente porque puede. A eso se resume el tema.

El domingo a las 9 de la mañana, cuando ni por la barbacoa sale todavía la gente, el Congreso de San Luis Potosí, con 27 diputados locales presentes en la sesión, votó un dictamen (avalado 36 horas antes en la Comisión de Puntos Constitucionales) y por mayoría de 19 contra 8, introdujo un cambio a su legislación electoral a fin de que la Gubernatura de 2027 se decida exclusivamente con candidatas mujeres.

La oposición, fueron seis representantes de Morena y dos del PAN, sin debate en el Pleno. A favor, en cambio, nueve del Partido Verde, PT, PRI, MC, Nueva Alianza, más dos panistas.

En aquél estado aplicaron la clásica del proceso legislativo: esconder la mano y usar un personero, de preferencia autónomo (lo que signifique al día de hoy el concepto en el derecho administrativo vigente) a quien delegar la responsabilidad. En este caso, el elegido fue un oficioso Consejo Estatal Electoral que propuso la iniciativa.

Y también lo hicieron de manual: mediante un Artículo transitorio, luego de un cuerpo normativo intrascendente. Pero no en el primer lugar de la lista para que no parezca demasiada la urgencia, sino en segundo (n’ombre, qué ofertón): “Para el proceso electoral ordinario 2027, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes únicamente podrán registrar candidaturas de mujeres para la titularidad de la Gubernatura del estado”. El trasfondo del asunto era ese. Lo demás a nadie importa.

Sin mayoría en el Poder Legislativo, los esposos de Nuevo León aguardan mejores tiempos para cometer la misma trampa. Ahora bien, más que defender ideologías férreas, los legisladores se comportan como claques.

Quienes andan en el juego político –salvo contadas excepciones– no son de una sola pieza (ni que fueran cacha de venado, por lo demás). Se tornan acomodaticios, coyunturales. Aspiran a mantenerse vigentes y eventualmente trepar. Como sea.

En ellos no hay definiciones, sino decisiones para salir al paso. Pueden pronunciarse a favor de algo en San Luis Potosí y en contra de lo mismo exactamente, en Nuevo León.

Esta semana, Claudia Sheinbaum puso en duda públicamente la legalidad (constitucionalidad, le llaman) de cualquier intento por cerrar las votaciones exclusivamente por mujeres para la Gubernatura de alguna entidad.

Justo es decirlo también: lo que opine la Presidenta de la República no importa, pues la iniciativa suya para erradicar el nepotismo en los cargos de elección popular fue aprobada por el Congreso de la Unión, sí, pero no con efecto inmediato, sino retardado: hasta 2030.

Es decir, los diputados federales y senadores de su propio partido y coalición que avalaron en lo general esa medida, privilegiaron sus intereses personales y políticos por encima de las presuntas intenciones de la Mandataria, así que hasta entonces ellos y sus familias se hayan acomodado en el tablero electoral, entrará en vigor. Para que “afecte” a los que vengan después, no a ellos.

Cortita y al pie

¿Qué significaría en Coahuila un traje a la medida como el de San Luis y Nuevo León? De entrada, afecta los derechos políticos del 49% del padrón electoral a ser votado, expresamente.

Para cumplir ese propósito, por ejemplo, sería necesario detener las aspiraciones electorales de 1 millón 250 mil ciudadanos varones. Pese a los mecanismos de participación ciudadana representativa, cualquier elección significa elegir lo que otros eligieron ya previamente (partidos políticos, cúpulas de poder, oligarquía, intereses económicos, delincuencia organizada) al designar candidatos.

Aquí, sin embargo, supone una doble poda al árbol de la democracia: hacerlo únicamente por un género en particular. Pasar de las cuotas paritarias a las imposiciones totalitarias. Agrandarles la portería para que puedan meter gol con los argumentos de la “progresividad”, la “igualdad sustantiva” y las “acciones afirmativas”. Florituras verbales para envolver el regalo. Trastadas a favor de la exclusión.

Pasar de una elección universal, a una parcial bajo el pretexto de asegurar una representación más equitativa y paritaria. Asimismo, esencialmente supone una elección, no por aptitudes o méritos (aquí alguien podría cuestionar si los hombres que llegan actualmente, lo hacen en realidad por estas razones), sino simplemente por nacer de un género determinado, orientada de antemano.

Lo anterior, es decir, forzar la competencia para obtener un resultado esperado, ¿se debe considerar sin cuestionamientos un avance democrático? Definitivamente no.

La última y nos vamos

El 16 de septiembre se hizo el cuestionamiento en este mismo espacio: ¿a quién conviene hoy una elección “Sólo para Mujeres” en Coahuila? Analizado por sus aristas más relevantes, básicamente a nadie.

Morena, dijo ayer Luisa Alcalde desde Saltillo, prepara una acción de inconstitucionalidad para presentar en la Corte contra esos intentos legales: “Consideramos que es inconstitucional que no se permita a la gente decidir con libertad”.

Las leyes “esposa” son, sencillamente, una aberración jurídica y un despropósito político. Afortunadamente, la ruta entre San Luis y Nuevo León que pasa por Coahuila se circunscribe sólo a lo carretero