Florida aprobó una nueva ley que exige a los padres dar su consentimiento antes de que se administre castigo corporal —por ejemplo, palmadas o azotes— a sus hijos en escuelas públicas y charter, siempre y cuando el distrito permita la práctica. Esta norma, que entró en vigor el 1 de julio, refleja un cambio legislativo orientado a aumentar la transparencia y participación familiar en los procedimientos disciplinarios.

Hasta ahora, Florida era uno de los 14 estados que aún permitían el castigo corporal en escuelas públicas. Con esta modificación, el estado se convierte en uno donde dicha disciplina podrá impartirse solo con consentimiento explícito de los padres, y dentro de distritos que tengan políticas formales aprobadas por la junta escolar.

La legislación —conocida como HB 1255— exige que los distritos revisen sus políticas cada tres años en audiencias públicas, y garantice que los padres puedan firmar una autorización válida para todo el año escolar o para cada acto disciplinario individual. 

Katie Becker, directora de Parenting Matters, expresó reservas sobre la nueva medida: “Es un paso significativo”, dijo, “pero no va lo suficientemente lejos. El castigo corporal no pertenece en las escuelas, públicas o privadas”. Becker aboga por métodos de disciplina que fomenten el respeto y el aprendizaje emocional.

En cambio, la representante estatal Dana Trabulsy, autora de la ley, lo defendió como “un compromiso: conservar la práctica solo para quienes la quieran, pero bajo supervisión y vigilancia”. Además, el estudiante Jacob Kaplan, de la University of Florida, consideró que la normativa introduce "luz y responsabilidad", al crear un rastro documental más claro.

Durante el ciclo escolar 2023‑2024, según el Departamento de Educación de Florida, se registraron alrededor de 516 casos de castigos corporales en 17 distritos escolares. En total, 19 distritos entre los 67 del estado continúan permitiendo esta práctica, especialmente en zonas rurales del norte como Suwannee, Holmes o Levy.

Diversos estudios señalan que alumnos con discapacidades reciben un porcentaje desproporcionado de estos castigos: representan cerca del 40 % de los casos, aunque constituyen solo el 20 % del estudiantado. También existen antecedentes preocupantes. En 2021, una niña de seis años fue castigada semientemente sin que sus padres lo autorizaran, provocando debate sobre la necesidad de una legislación más clara y defensas legales.

La Constitución de Estados Unidos no prohíbe el castigo corporal en las escuelas públicas. En 1977, el fallo Ingraham v. Wright del Tribunal Supremo determinó que este tipo de disciplina no entra en el ámbito de los “castigos crueles e inusuales” prohibidos por la Octava Enmienda.

No obstante, hoy 33 estados y el Distrito de Columbia han prohibido esa forma de disciplina. Florida, con esta reforma, avanza hacia un modelo de consentimiento y control, aunque sin abolir completamente la práctica. https://www.knoe.com

Para los promotores, la ley refuerza los derechos parentales y promueve merecida rendición de cuentas. Para los opositores, es una solución incompleta porque permite mantener viva una forma de disciplina que investigaciones relacionan con peores resultados escolares, problemas emocionales y ausencia de beneficios académicos a largo plazo.

La nueva ley exige un equilibrio difícil: asegurar que el castigo corporal no se aplique arbitrariamente, al tiempo que reconoce diferencias regionales en actitud hacia la disciplina. En cualquier caso, la introducción del consentimiento parental representa un cambio significativo en la forma en que Florida regula el comportamiento estudiantil.