Intercambian su vida por colaborar con el Gobierno norteamericano y aceptar sus cargos
Washington, DC.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció ayer que no solicitará la pena de muerte para los capos y líderes de cárteles mexicanos como Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”.
De acuerdo con un oficio enviado por el Gobierno norteamericano al juez Brian Cogan, se le solicita que no se aplique la pena capital para los acusados, dos de ellos, Caro Quintero y Carrillo Fuentes, que fueron enviados por el Gobierno mexicano a Norteamérica el 27 de febrero junto con otros 27 narcotraficantes; a la par de Zambada García –detenido el 25 de julio de 2024– en un aeropuerto de Nuevo México, cerca de El Paso, Texas.
“El Gobierno respetuosamente presenta esta carta para informar a la Corte y a la defensa, que el procurador general ha autorizado y ordenado a esta oficina no solicitar la pena de muerte contra el acusado”, se lee en las cartas presentadas para los tres capos.
Las notificaciones enviadas al juez Cogan, conocido por ser quien procesó también a Joaquín “El Chapo” Guzmán en la Corte de Brooklyn, Nueva York, ocurren a unos días de que se revelara un acuerdo de seguridad entre México y EU, en medio del anuncio de la postergación de los aranceles del Gobierno de Donald Trump a México por el tráfico de fentanilo.
Cooperación
En el caso de Vicente Carrillo Fuentes, hermano de Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”, líder y cofundador del cártel de Juárez, desde el 2000, la justicia norteamericana buscaba su extradición por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y homicidio, este último por el que era candidato para la solicitud de la pena de muerte.
La validación de su solicitud de extradición tardaría 23 años en ser aprobada por el Gobierno federal, mientras que tardaría casi dos años más para entregarlo y que sea juzgado en Nueva York.
El 24 de junio, cuando se celebró su audiencia en la Corte federal para el Distrito Este de Nueva York en Brooklyn, la jueza Jean Marie Azrack, estableció un plazo de 90 días, hasta la siguiente audiencia el próximo 30 de septiembre, para revisar un acuerdo de culpabilidad para “El Viceroy”, con el que se buscaría su colaboración para saber sobre las operaciones en la frontera entre Chihuahua y Texas.
Si Carrillo Fuentes acepta testificar, esto retiraría también la condena de cadena perpetua que enfrenta, aunque la decisión sería tomada por la juzgadora.
Dan beneficio
El retiro de las solicitudes de pena de muerte causa sorpresa, ya que cuando los capos estuvieron en manos de la justicia estadunidense, se especulaba que al menos, que la pena capital podía solicitarse para Caro Quintero, cofundador del cártel de Guadalajara, por el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena en 1985.
El Gobierno norteamericano tardó más de 40 años en lograr la entrega de Caro Quintero, por lo que consideró una victoria asegurar al cofundador del cártel de Guadalajara durante la década de los 80, y también creador del cártel de Caborca, que fundó y dirigió tras salir de la cárcel en 2013, por un tecnicismo legal, hasta su captura en julio de 2022 en Choix, Sinaloa.
Sin embargo, las autoridades de EU enviaron al juez Cogan el documento donde se ordena la Fiscalía retirar la pena capital para el capo, aunque no descartan que se aplique la cadena perpetua o alguna otra sanción ejemplar para cerrar el capítulo sobre el caso Camarena, donde también se hacía mención a la complicidad de altas esferas políticas del Gobierno federal durante la Administración de Miguel de la Madrid.
Culpabilidad
Ismael Zambada García, de 75 años, fue detenido el pasado 25 de julio del 2024, en un aeropuerto en Nuevo México cercano a El Paso. El capo asegura que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, para ser entregado a autoridades estadunidenses, lo que ha desatado una guerra de facciones al interior del cártel de Sinaloa, que a la fecha, ha dejado más de mil 700 muertos.
Hasta el momento, Zambada García enfrenta un proceso donde se le acusa por 17 cargos federales relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y distribución de armas de fuego.
Desde su primera comparecencia con las autoridades, “El Mayo” se declaró no culpable de las imputaciones de la Corte estadunidense.
El pasado 13 de septiembre de 2024 dio su primera declaración, mientras su proceso legal avanza, a la par de que el pasado 11 de junio, su audiencia fue aplazada a finales de este mes, para este próximo 25 de agosto.
El aplazamiento se dio con la intención de que la defensa legal de “El Mayo” Zambada, tuviera la oportunidad de buscar un acuerdo de culpabilidad para evitar que el juicio se extendiera y fuera un proceso largo, a la par de que también buscaban evitar la pena de muerte para el capo que por 60 años se mantuvo fuera del radar de las autoridades mexicanas para su captura.
Los que faltan
La entrega de “El Mayo” desquició a la estructura del crimen organizado en la zona del Pacífico en México, ya que inició un conflicto entre las facciones que buscan el control de los territorios en Sinaloa, Sonora y la región conocida como el Triángulo Dorado, mientras que tras las disputas por el control del cártel sinaloense entre su familia y los hijos de “El Chapo” Guzmán, también han generado otros acuerdos con la justicia norteamericana.
Uno de los más recientes ocurrió el 6 de mayo, cuando Ovidio Guzmán López, acordó declararse culpable ante la justicia estadunidense para lograr un acuerdo de
colaboración.
Seis días después, el 12 de mayo, en medio de las disputas por el control de Sinaloa, un grupo de 17 familiares de los “Chapitos”, entre ellos la madre de Ovidio Guzmán, Griselda López Pérez, se entregaron al FBI en EU, como parte del acuerdo que el hijo de “El Chapo” logró con las autoridades estadunidenses para garantizar la seguridad de sus familias.
Ovidio Guzmán se declaró culpable el pasado 11 de julio, cuya sentencia sería corroborada con una audiencia fechada para el próximo 1 de septiembre, aceptando los cinco cargos que tiene en su contra por narcotráfico y distribución de drogas, pero logrando reducciones en su sentencia.
Acuerdos y acusaciones
El retiro de las solicitudes de pena de muerte causa sorpresa, ya que se analizaba aplicar esta pena en cada caso, la cual debe proponerse por el juez y ser autorizada por la Fiscalía y el Gobierno, por lo que se cree que esta medida obedece al reciente acuerdo de seguridad entre México y EU.
Se especulaba que se pediría la pena capital para Caro Quintero, por el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena en 1985.
El Mayo Zambada enfrenta un proceso donde se le acusa por 17 cargos federales relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y distribución de armas de fuego.
Vicente Carrillo era candidato a la pena de muerte por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y
homicidio.
‘Cantan’ locales por su libertad
El empresario coahuilense Juan Manuel “El Mono” Muñoz, se declaró culpable del delito de conspirar para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Detenido en 2016 en España y extraditado a EU, llegó a un acuerdo con el juez para convertirse en informante a cambio de beneficios en su condena.
El exgobernador interino de Coahuila (4 de enero al 1 de diciembre de 2011) Jorge Torres López, fue sentenciado en una corte federal del sur de Texas a tres años de prisión por el delito de lavado de dinero. Meses después, el 17 de septiembre de 2021, fue liberado por las autoridades
estadunidenses.
or vigésima quinta vez en 11 años, el juicio final de Javier Villarreal, extesorero del Gobierno de Coahuila, volvió a aplazarse en la Corte de Texas. Se entregó a las autoridades norteamericanas en 2014, por presuntos desvíos millonarios y se mantiene en libertad condicional en San Antonio, y su situación jurídica podría tener el mismo desenlace que la de Jorge Torres López.