Washington.- Funcionarios del Gobierno de Donald Trump anunciaron el domingo las deportaciones a El Salvador de cientos de inmigrantes que la Casa Blanca alega son miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, pese a que un juez federal bloqueó temporalmente su uso el sábado.

“El presidente invocó esta autoridad para deportar a casi 300 de ellos que están ahora en El Salvador, donde permanecerán tras las rejas, donde pertenecen, en lugar de andar libremente por las comunidades estadounidenses”, aseguró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista con el programa Sunday Morning Futures de la cadena Fox News.

En una publicación en la red social X, el vicepresidente, JD Vance, añadió que Trump deportó a “criminales violentos y violadores”.

No está claro cómo la Administración determinó que los casi 300 hombres eran parte de la pandilla o si tenían audiencias judiciales o de inmigración en Estados Unidos, pues la Ley de Enemigos Extranjeros permite al Gobierno deportar a algunos ciudadanos en tiempos de guerra sin necesidad de juicio.

Un juez ordenó el sábado que todos los vuelos de deportación que transportaran a alguien sujeto a la orden presidencial que invocó dicha ley regresaran a Estados Unidos si se encontraban en el aire. El fallo, sin embargo, no aplicaba a los migrantes que ya habían aterrizado en países extranjeros antes de la orden judicial, ni a los sujetos a expulsión por otras razones distintas a la proclamación de Trump.

“Algunos miembros de pandillas sujetos a expulsión bajo la Proclamación ya habían sido expulsados del territorio estadounidense” antes de que se emitiera la orden judicial, aseguró el Gobierno en una moción presentada el domingo por la tarde.

Sin embargo, no está claro si alguno de los deportados ya había aterrizado en El Salvador antes del fallo del juez o si la Administración Trump desafió la orden.

Leavitt negó el domingo que la Casa Blanca desobedeciera la orden judicial y aseguró que el fallo del juez —que prohibía los vuelos de deportación bajo la orden de Trump que la invocaba— se emitió después de que “los extranjeros terroristas [del Tren De Aragua] ya habían sido expulsados del territorio estadounidense”.

“La orden escrita y las acciones de la Administración no están en conflicto”, dijo Leavitt. “Además, como la Corte Suprema ha dejado claro en varias ocasiones, los tribunales federales no suelen tener jurisdicción sobre la gestión del Presidente de los asuntos exteriores, sus autoridades bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, y sus poderes fundamentales del Artículo II para expulsar a los extranjeros terroristas de suelo estadounidense y repeler una invasión declarada”.

Los demandantes presentaron una moción durante la noche, pidiendo al juez que ordene al Gobierno brindar más detalles sobre el calendario de los vuelos y el traslado de la custodia de los deportados.

El caso puede llegar a la Corte Suprema

Dos altos funcionarios de la Administración Trump dijeron a NBC News que esperan que la lucha judicial sobre el uso del presidente de la Ley de Enemigos Extranjeros se dirija finalmente a la Corte Suprema, donde creen que el Gobierno ganará.

El sábado, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma raramente usada, para deportar a inmigrantes que, según él, eran miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Sin embargo, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y Democracy Forward presentaron una demanda antes de que la ley se aplicara, alegando que el Gobierno se disponía a emplearla para deportar a cinco venezolanos.

Un juez federal primero emitió una orden de restricción temporal para evitar que el Gobierno deportara a los cinco hombres bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, y más tarde bloqueó su aplicación a las deportaciones de todos los ciudadanos no estadounidenses en custodia que pudieran estar sujetos a la proclamación de Trump.

“Cualquier avión en el que vayan estos individuos que despegue o esté en el aire debe volver a Estados Unidos”, indicó el sábado James Boasberg, que preside del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington D.C. “Estas personas tienen que ser devueltas a Estados Unidos”.

Dos vuelos con venezolanos estaban en tránsito durante el fallo del juez, según una fuente familiarizada con el tema, pero la cadena NBC News no pudo confirmar si esos vuelos regresaron tras la orden.

Un avión Global X azul despegó de Harlingen, Texas, el sábado por la tarde y aterrizó en el aeropuerto internacional de El Salvador aproximadamente una hora después de la decisión del juez, según un análisis de NBC News de las bases de datos de seguimiento de vuelos. El domingo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó un video en el que se veía cómo varios deportados eran bajados de un avión Global X azul y custodiados por las autoridades salvadoreñas, fuertemente armadas.

NBC News no puede confirmar si los vuelos que aterrizaron en El Salvador trasladando a venezolanos eran los dos vuelos que estaban en el aire cuando el juez dictó la orden.

En la moción nocturna, los demandantes también señalaron dos vuelos de Global X que partieron de Harlingen y llegaron a Honduras y El Salvador, diciendo que “parece que hubo al menos dos vuelos que despegaron durante la audiencia, pero aterrizaron incluso después de la orden escrita de este Tribunal”.

Lee Gelernt, abogado que defiende el caso para la ACLU, declaró el domingo que su equipo pidió “al Gobierno que garantice al tribunal que nadie fue expulsado” en violación a la orden. La Administración aún no había respondido el domingo por la tarde, según Gelernt.

Stephen Gillers, profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York, afirmó que si se permite al Gobierno violar una orden judicial con “impunidad”, el país podría precipitarse hacia una crisis constitucional.

“Ahora que el Congreso se ha mostrado servil a los deseos de la Casa Blanca, el Poder Judicial es el último control contra el ejercicio del poder autocrático del presidente”, dijo Gillers. “La cuestión que se plantea al país es si los jueces utilizarán su facultad de desacato y otros poderes para resistirse a la supresión de los controles y equilibrios con el fin de proteger el Estado de Derecho”.

Funcionarios de la Administración Trump presumieron las deportaciones el domingo. El secretario de Estado, Marco Rubio, agradeció a Bukele y en un comunicado dijo que “se ha ofrecido voluntariamente para encarcelar a estos criminales violentos” y que “cientos de criminales violentos fueron enviados fuera de nuestro país”.

Leavitt también elogió las deportaciones en X, y afirmó que “gracias al gran trabajo del Departamento de Estado, estos monstruos atroces fueron extraídos y trasladados a El Salvador, donde ya no podrán suponer ninguna amenaza para el pueblo estadounidense”.

Ni las declaraciones de Rubio ni las de Leavitt se refirieron a la orden del juez ni detallaron si la Administración la cumplió.

Rubio también aludió a querer “deshacerse de los miembros del Tren de Aragua” en una entrevista con el programa Face the Nation de la cadena CBS News.

Al ser consultado sobre la detención del activista propalestino Mahmoud Khalil y sobre si sólo se podría revocar el visado a las personas que expresan su apoyo a la lucha palestina, Rubio señaló las acciones emprendidas contra el Tren de Aragua.

“Queremos deshacernos de los miembros de la pandilla Tren de Aragua. También son terroristas”, dijo Rubio. “El presidente los designó, me pidió que los designara y lo hice, como una organización terrorista. Queremos deshacernos de ellos también”.

Bukele anunció el domingo en X que 238 miembros del Tren de Aragua llegaron al país “hoy”. Estados Unidos también deportó a 23 miembros de la MS-13, añadió el presidente salvadoreño que ese mismo día publicó una imagen de un titular sobre la orden del juez y escribió “Oopsie… Demasiado tarde”, con un emoji riéndose.