El Departamento de Estado revocó la visa estadounidense de Torres en mayo de 2025 por su presunta afiliación al cártel.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott denunció que el Cártel de Sinaloa mantiene infiltrada a la gobernanza de Baja California, en el marco de un nuevo paquete de sanciones que Estados Unidos impuso este 29 de septiembre de 2026 contra la organización criminal y su red de cómplices políticos.
En su declaración, Pigott afirmó que las designaciones “ponen de relieve el alcance corrosivo de la influencia de los cárteles en la gobernanza mexicana, particularmente en Baja California, donde asociados del exmarido de la gobernadora, un exdirector de seguridad pública de Mexicali, y otros operadores políticos presuntamente aceptaron sobornos para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa de las fuerzas del orden”.
El portavoz sostuvo que “esta medida subraya el compromiso de la Administración Trump de desmantelar la infraestructura operativa y política del Cártel de Sinaloa en México, desarticular las redes que alimentan el tráfico de fentanilo, la violencia y la corrupción, y que amenazan a las comunidades a ambos lados de la frontera”. Según Pigott, “las designaciones de hoy reflejan el enfoque integral que Estados Unidos está adoptando para combatir a las organizaciones criminales transnacionales y a las organizaciones terroristas extranjeras con las que se relacionan”.
La corrupción señalada por Washington habría permitido al cártel operar con impunidad en zonas fronterizas estratégicas para el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, mediante el pago de sobornos a funcionarios de seguridad y operadores políticos de Baja California.
En el centro del esquema de corrupción identificado por el Departamento del Tesoro, y citado por Pigott, aparece Carlos Alberto Torres Torres, exmarido de la gobernadora de Baja California. Torres es descrito como un operador político vinculado al cártel que mantenía una alianza con Juan José Ponce Félix (“El Ruso”), líder de la facción Los Rusos en Mexicali.
El Departamento de Estado revocó la visa estadounidense de Torres en mayo de 2025 por su presunta afiliación al cártel. Su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, habría sido responsable de recibir sobornos y lavar los fondos a través de empresas y campañas políticas, de acuerdo con el comunicado del Tesoro.
El otro funcionario señalado es Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a quien Pigott ubicó entre los “operadores políticos” que “presuntamente aceptaron sobornos para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa de las fuerzas del orden”. Según la información difundida, Mendivil recibió pagos de “El Ruso” a cambio de ceder el control de la policía municipal de Mexicali al cártel.
El esquema también involucra a Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario mexicano que se desempeñó como agente aduanal en Chihuahua y asesor legislativo del gobierno estatal de Baja California. Según el comunicado del Tesoro, Buenrostro es allegado a Torres y amigo cercano de José Ángel Rivera Zazueta, líder del Cártel de Sinaloa, a quien habría brindado favores políticos a cambio de sobornos.
Pigott explicó que, “para acelerar la eliminación de figuras clave del cártel en la región, el Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado ofrece hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de los jefes de plaza de Tijuana Alfonso Arzate García (‘Aquiles’) y René Arzate García (‘La Rana’)”.
El portavoz agregó que la misma cifra, “hasta 5 millones de dólares”, se ofrece “por información que conduzca al arresto y/o condena del líder del cártel de Mexicali, Juan José Ponce Félix (‘El Ruso’)”.
Según el comunicado del Tesoro, los hermanos Arzate García habrían controlado la plaza de Tijuana durante los últimos quince años mediante violencia, alianzas estratégicas y corrupción política y policial. Ponce Félix, por su parte, domina la plaza de Mexicali, ubicada aproximadamente a 145 kilómetros (90 millas) al este de Tijuana.
