El tiempo de los diagnósticos está llegando a su fin. Ha llegado la hora de las decisiones. El reloj ya comenzó la cuenta regresiva.
En este quinto aniversario de la rebelión nacional del 11 de julio de 2021 un balance entre las fuerzas represivas y las de la población no deja espacio a duda: un pueblo hambreado, desarmado, sin conexión a internet como en aquella jornada no puede enfrentar con éxito la brutal maquinaria represora del régimen castrista. Por esa razón esta vez las miradas desde Cuba se vuelven hacia Washington.
La pregunta de si en los próximos meses podría estallar una guerra entre Estados Unidos y Cuba parte de una premisa equivocada. Refleja una comprensión insuficiente de la estrategia y de los recursos que ambas partes llevan meses movilizando en preparación para una probable escalada del conflicto. La verdadera pregunta no es si Estados Unidos y Cuba entrarán en guerra en los próximos meses, sino cuándo se reconocerá que ese conflicto ya está en curso.
Desde hace tiempo ambos países movilizan instrumentos políticos, económicos, diplomáticos y de seguridad, propios de una escalada estratégica que trasciende el concepto tradicional de guerra. La guerra, en realidad, ya ha comenzado.
El objetivo principal de Washington en esta primera etapa es tratar de alcanzar sus propósitos por medio de un conjunto de acciones –económicas, políticas, diplomáticas– sin necesidad de tener que llegar a recurrir a operaciones militares (aunque estas no se han descartado). Las más espectaculares fueron las de poner fin a los subsidios petroleros gratuitos que llegaban desde Venezuela y el inicio de nuevas sanciones financieras contra el conglomerado GAESA.
En paralelo, Washington lleva meses construyendo la arquitectura institucional y jurídica necesaria para sustentar y legitimar una eventual acción cinética. Se ha reformulado la doctrina de seguridad nacional de forma que incluya el caso cubano como amenaza inminente y creíble. Se ha iniciado un proceso judicial contra Raúl Castro (máxima autoridad real en Cuba). Se ha construido un sistema interamericano paralelo a la OEA (Escudo de las Américas) con su propio tratado de asistencia militar recíproca en la lucha contra el terrorismo y el crimen regional organizado. Ambas instituciones nacen libres del régimen de consenso para adoptar decisiones que ha paralizado a la OEA desde hace décadas. También se han adoptado medidas que exponen y criminalizan las acciones subversivas que algunos grupos emprenden bajo el beatífico disfraz de la “solidaridad con los pueblos” o la “lucha por la paz”.
Podría decirse que todas las piezas están en su lugar y solo falta la decisión final del presidente de Estados Unidos para ejecutar alguno de los diferentes juegos operativos y opciones que han sido diseñados para aplicarse según sea el alcance de los objetivos que se persigan con las acciones militares.
Para el régimen cubano no existe posibilidad alguna de vencer militarmente a Estados Unidos. Su única probabilidad de salir airoso en una escalada del viejo conflicto entre ambos países proviene de la capacidad que demuestre tener para paralizar y/o ralentizar los mecanismos de toma de decisión estadounidense. Para ello se siembran dudas sobre la necesidad, legitimidad, oportunidad y costos que puede suponer iniciar acciones militares en la isla.
Si en un conflicto cinético cada bando mide su progreso por los blancos batidos con misiles, en esta guerra híbrida La Habana mide el éxito por el número de artículos o comentarios editoriales publicados en medios estadounidenses de gran alcance (Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, CNN) que cuestionan la sabiduría de iniciar acciones cinéticas contra Cuba y recomiendan regresar a la fracasada política de contención diplomática de los últimos 67 años. Si la suma aritmética de esos artículos fuera indicadora de victoria –como lo fue en su momento la contabilidad de las bolsas de cadáveres enemigos en Viet Nam– La Habana tendría razones para pensar que está comenzando a ganar esta primera fase. Así, calculan, podrían evitar que Estados Unidos pase a la segunda (cinética) en la que no tiene posibilidad alguna de maniobrar o vencer.
El régimen cubano ha movilizado casi todos los recursos de su maquinaria híbrida. Por un lado, espías sembrados a niveles altos y medios de la burocracia estadounidense. Por otro lado, agentes de influencia que se movilizan en medios de prensa, instituciones religiosas, culturales y otras organizaciones de la sociedad civil, así como en partidos políticos y sus representantes en el Congreso.
Sabiendo que la decisión final de ejecutar una acción militar recae sobre el presidente –ya intentaron y fracasaron varias veces tratando de que fuese el Congreso quien la aprobase– y conociendo las diferentes corrientes de pensamiento e intereses que se mueven en su entorno, han desplegado una actividad frenética de cabildeo: desde congresistas demócratas y republicanos hasta influencers socialistas y ultraconservadores. La Habana es pragmática. No apuesta su seguridad a la gestión exclusiva de Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortes o Zohran Mamdani.
En días recientes se han filtrado documentos cubanos que bajo el título general de Plan de Respuesta Rápida Internacional se detallan las acciones que deberán asumir los asociados a ese engranaje de organizaciones que se movilizan en su favor. No es arriesgado presumir que planes similares deben estar en marcha en algunos países latinoamericanos donde desestabilizar la gobernabilidad les resulte más viable, bien sea por los recursos humanos y materiales a su disposición (entre ellos los que aporta el crimen transnacional organizado regional), o por vivir un momento de transición institucional (Colombia, Perú) o de inestabilidad en su gobernabilidad interna (México).
En esos países y en otros más no solo cuentan con bases ciudadanas de simpatizantes, sino con células clandestinas entrenadas en infiltrarse en manifestaciones pacíficas legítimas, y así desatar confrontaciones violentas con las fuerzas del orden que generen muertes y atraigan titulares de la prensa internacional. Los fallecidos por su causa son entonces esgrimidos como mártires de la brutal represión capitalista. En 2019 lo hicieron en Chile, Colombia y Ecuador. No es descartable que en el futuro cercano veamos a la amorfa y descentralizada Antifa jugando ese papel violento dentro de Estados Unidos como contribución al Plan de Respuesta Rápida Internacional de La Habana.
Una vez traspasado un cierto umbral de expectativas, el costo de la inacción es mucho más alto y potencialmente impagable que los riesgos de actuar. La parálisis política histórica ha permitido la consolidación en Cuba de un peligro permanente para la seguridad regional.
El abandono de la Brigada 2506 en Bahía de Cochinos en abril de 1961 generó una percepción de debilidad estadounidense a los ojos de la URSS que precipitó la Crisis de los Misiles del año siguiente. La inacción tiene a menudo considerables e imprevisibles costos.
De no actuar en Cuba antes de que expire la ventana actual de oportunidad, son de prever las siguientes consecuencias:
El tema cubano tendrá un impacto en Estados Unidos, bien sea si se cancela la acción para cambiar su régimen o si se llegara a ejecutar exitosamente.
En ocasiones, la historia concede una breve ventana para corregir errores acumulados durante generaciones. La historia rara vez ofrece segundas oportunidades. Estados Unidos se encuentra ante una de esas coyunturas excepcionales en las que la decisión de actuar —o de no hacerlo— redefinirá durante décadas el equilibrio estratégico del hemisferio y puede abrir o cerrar el espacio a una escalada internacional de desafíos basada en una renovada percepción de su debilidad. También puede decidir el equilibrio electoral futuro en La Florida y quizás más allá. Esta presidencia tendrá que escoger en 2026 cuál de los dos legados prefiere dejar a sus sucesores. Después de las expectativas creadas esa encrucijada es ahora ineludible.
El tiempo de los diagnósticos está llegando a su fin. Ha llegado la hora de las decisiones. El reloj ya comenzó la cuenta regresiva.
