Miami, Fla.- Detrás de los 129 ferrotanques cargados con más de 15 millones de litros de diésel presuntamente ilegales, incautados por las autoridades mexicanas en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, el mayor decomiso de huachicol del que se tenga registro en México hay muchas interrogantes.

Incluso existe una investigación sobre el papel que jugó Belar Fuels Company LLC en el transporte del combustible de “huachicol fiscal” desde Texas hasta la frontera mexicana. 

Lo primero que les llama la atención es que cada vagón, con capacidad de hasta 110 mil litros, fue cargado sin marcas visibles de origen inmediato, dijo una fuente del Departamento. 

Hoy se sabe ya que Ingemar S.A. de C.V., empresa mexicana con permisos de importación; y Belar Fuels Company LLC, registrada en Texas, son las involucradas en el movimiento del tren con el hidrocarburo. 

Ambas, según fuentes oficiales, se encuentran bajo indagación, señaladas por participar en un posible esquema de subdeclaración sistemática; es decir, que por cada ferrotanque, sólo habrían reportado 10% del volumen real transportado.

El Departamento de Justicia estadunidense confirmó que revisará los registros administrativos a múltiples agencias federales para verificar si Belar cumplió con los requisitos que rigen la exportación ferroviaria de combustibles, y si incurrió en irregularidades al declarar el volumen, el destino o el uso del diésel. 

De momento, ni la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ni la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ni el Departamento de Transporte (DoT) han emitido algún boletín público o alguna advertencia o notificación oficial que explique cómo pudo salir semejante volumen de combustible sin activar las alertas regulatorias. 

La carga, de hecho, sigue siendo un enigma; no se ha logrado determinar en qué terminal texana fue bombeado el diésel ni bajo qué condiciones fue registrado.

Ni Ingemar ni Belar han aclarado públicamente en qué punto físico ocurrió el bombeo del producto. 

La ausencia de esta información estaría bloqueando no sólo el circuito de responsabilidad legal, sino cualquier posibilidad real de establecer si el diésel proviene de una refinería texana específica, si fue mezclado o si fue desviado en tránsito. 

Ese vacío técnico es uno de los obstáculos principales para judicializar el caso en cualquiera de los dos países.

Existe, sin embargo, una herramienta clave para averiguarlo: la huella química. Cada lote de diésel tiene una firma molecular única, influida por su crudo de origen, su proceso de refinación y los aditivos utilizados. 

De acuerdo con especialistas consultados, con espectrometría, cromatografía y análisis isotópico se puede rastrear la procedencia probable del combustible. En EU, esta tecnología está disponible en los laboratorios del Departamento de Energía o del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, pero hasta ahora no se ha ofrecido esa cooperación técnica a México y ni México la ha solicitado.

Porque si el diésel fue producido en Texas, pero exportado con pedimentos falsificados, entonces también existen responsabilidades penales del lado norteamericano, confirman especialistas. 

A diferencia del huachicol tradicional, que implica tomas clandestinas o sabotaje de ductos, el “huachicol fiscal” no se logra necesariamente con violencia, sino a través de papeles, formularios y permisos poco confiables. 

El combustible puede ser o parecer legal en origen, pero se vuelve ilegal por el modo en que entra a México, y eso es lo que origina las investigaciones del lado estadunidense.

Exportar diésel desde EU no está prohibido y venderlo a una empresa mexicana tampoco. Lo que se estaría revisando es que no esté debidamente fiscalizado el uso final, el destino económico, el cruce volumétrico real y el contenido en sí mismo; es decir, si se trata de combustible limpio o lavado. 

Por otro lado, alguien financió la operación, alguien alquiló los vagones, alguien firmó los manifiestos de transporte, alguien organizó la logística y selló los documentos. Lo que se busca es identificar a rostros invisibles,  directivos, los intermediarios, los que firmaron las órdenes de carga. 

Informes de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) han advertido que este tipo de esquemas involucran a trabajadores corruptos en Pemex, aduanas y empresas privadas. 

Y al mismo tiempo, a diversas áreas estadunidenses, como ferrocarrileros, técnicos, personal de exportación, intermediarios logísticos, autoridades fronterizas,  perfectamente capaces de mirar hacia otro lado mientras 129 tanques con combustible cruzan la frontera.

Nadie ha confirmado si el tren cruzó por Eagle Pass, Texas, Piedras Negras o por una vía alterna. Ni la ANAM de México, ni la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ni el SAT han publicado información que lo precise; tampoco hay datos sobre la legalidad del pedimento, si fue legítimo, clonado o inexistente.