El LAPD obtuvo una orden judicial para sellar los registros de defunción de Rob y Michele Reiner mientras avanza la investigación
Los registros de defunción del director Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner, fueron sellados "hasta nuevo aviso" por orden judicial, mientras el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) intensifica la investigación sobre el doble homicidio que ha conmocionado a Hollywood y a la opinión pública internacional.
La medida fue solicitada por el LAPD y aprobada por un juez del condado de Los Ángeles el 29 de diciembre, lo que impide la divulgación pública de cualquier información, notas, reportes o fotografías relacionadas con la investigación forense del caso. Orden judicial limita el acceso a información clave
De acuerdo con el Médico Forense del Condado de Los Ángeles, la orden establece que los hallazgos únicamente pueden ser compartidos con los investigadores asignados, dejando fuera a medios de comunicación y al público general.
Todos los documentos relacionados fueron retirados del portal oficial y permanecerán inaccesibles hasta que se levante la orden.
El LAPD aseguró que la decisión no busca limitar la transparencia, sino garantizar que los detectives tengan acceso prioritario a información sensible antes de que esta sea difundida públicamente.
Aunque no es inédito, sellar registros semanas después de haber sido públicos es poco común, incluso en investigaciones de alto perfil.
Antes de la orden judicial, el médico forense había determinado que Rob Reiner, de 78 años, y Michele Reiner, de 68, murieron a causa de múltiples lesiones por objeto punzocortante, clasificando ambos decesos como homicidio.
Los certificados de defunción, emitidos días después de la cremación de los cuerpos, describían las muertes como causadas por arma blanca, infligidas por otra persona. Toda esa información fue eliminada del acceso público tras la orden.
El hijo menor de la pareja, Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado el 14 de diciembre, pocas horas después de que su hermana Romy encontrara los cuerpos en la residencia familiar en Brentwood.
El joven enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, lo que abre la posibilidad legal de cadena perpetua sin libertad condicional o incluso la pena de muerte, una sanción rara pero aún permitida en California bajo ciertos supuestos.
