Su abogado solicitó el archivo del caso al considerar que España no tiene jurisdicción.
Julio Iglesias enfrenta actualmente un proceso judicial en España luego de que dos exempleadas presentaran una denuncia por presuntas agresiones sexuales. A través de su abogado, el cantante solicitó detener la investigación y el archivo de la causa, argumentando que la justicia española no tiene competencia para investigar los hechos denunciados, los cuales habrían ocurrido fuera del país.
El representante legal del artista, el abogado José Antonio Choclán, dirigió un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que pide que se ponga fin a la investigación. Según el documento:
"La Fiscalía de la Audiencia Nacional debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando de forma inmediata las Diligencias de Investigación preprocesal incoadas y detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional" para su cliente, quien actualmente tiene 82 años.
Fue el pasado 5 de enero cuando dos mujeres, que trabajaron anteriormente para el cantante, interpusieron una denuncia en España. Ambas señalaron haber sufrido vejaciones, acoso sexual y abuso de poder por parte del artista, quien, según sus declaraciones, mantenía una conducta inapropiada especialmente con mujeres jóvenes y en situaciones de vulnerabilidad laboral.
Una de las denunciantes relató a medios como elDiario.es que también habría sido víctima de penetraciones no consentidas durante su trabajo con Iglesias. De acuerdo con las investigaciones de ambos medios, los hechos habrían sucedido en el año 2021, en propiedades del cantante ubicadas en la República Dominicana y en las Bahamas.
La estrategia legal de Iglesias se basa en el argumento de que los posibles delitos deben juzgarse en el lugar donde ocurrieron. En palabras del abogado:
“Los presuntos delitos deben perseguirse en el lugar de comisión y, solo en caso de que eso no sea posible, entonces podrían ser, eventualmente, perseguibles en España”.
El letrado también destacó que las mujeres que presentaron la denuncia no son ciudadanas españolas ni residen en el país de forma habitual, por lo que, según su criterio, tampoco puede aplicarse la legislación española.
Uno de los puntos más debatidos en el caso es si la Audiencia Nacional tiene la potestad para seguir con esta investigación. La defensa de Iglesias ha sido clara en su postura:
“No cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal, tampoco los tribunales españoles, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la Jurisdicción que le resulte más conveniente”, indica el escrito.
Por otro lado, organizaciones como Amnistía Internacional y Women's Link han expresado su respaldo a las denunciantes. Según explican, las mujeres decidieron acudir a la justicia española porque su legislación ofrece mayores garantías para este tipo de denuncias.
La justicia española concedió a las dos mujeres la condición de testigos protegidos, lo que implica ciertas medidas de resguardo durante el proceso. En próximas fechas, ambas deberán rendir declaración ante las autoridades.
