El Tribunal Supremo confirmó la sanción económica de casi 30 millones de euros y seis meses de cárcel a Carlos Iglesias.
El Tribunal Supremo ratificó este jueves 8 de octubre seis meses de prisión contra el hermano de Julio Iglesias, Carlos Iglesias de la Cueva, por defraudar 19.6 millones de euros, según los medios españoles El Español, La Vanguardia, ABC y 20 minutos.
La Sala de lo Penal desestimó el recurso presentado por el empresario, confirmando la resolución emitida a finales de 2023 por la Audiencia Provincial de Madrid, que además le impone una sanción económica de 9.8 millones de euros y el pago de 19.62 millones de indemnización junto con los intereses acumulados.
El expediente penal acreditó que en 2001 el procesado evadió el Impuesto de Sociedades tras vender solares en el distrito madrileño de Vicálvaro a través de la mercantil panameña Rolimpa Trading Corporation.
Dicha entidad comercializó los terrenos por 46.27 millones de euros —equivalentes a 7 mil 700 millones de pesetas—, habiéndolos adquirido en 1989 por poco más de 601 mil euros, alegando falsamente residencia fiscal en Panamá para omitir tributos generados en España.
Para deslindarse del rastro patrimonial, el implicado traspasó las acciones de la matriz a otra empresa constituida en Centroamérica días antes del cierre mercantil. Sin embargo, las investigaciones judiciales demostraron que continuó operando el capital depositado por cooperativas de vivienda en cuentas de la entidad financiera Banco Continental de Panamá, donde figuraba con facultades plenas como único autorizado.
En el fallo emitido bajo la ponencia del magistrado Leopoldo Puente Segura, la sala desestimó los argumentos sobre presuntas violaciones de garantías procesales y secreto profesional de su letrado panameño. Durante la vista oral, el acusado se negó a declarar y rechazó pactar con la Fiscalía de Madrid, que solicitaba cuatro años de encierro.
Asimismo, los magistrados determinaron que la sociedad panameña fungirá como responsable civil subsidiaria en caso de impago y despojaron al sentenciado del derecho a percibir estímulos fiscales o ayudas públicas durante un periodo de cuatro años. Con esta determinación inapelable, la máxima instancia judicial cerró de forma definitiva el caso contra el hermano de Julio Iglesias.
