Saltillo, Coah.- La tarde de este miércoles, en las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración en el que participaron el Poder Judicial del Estado, el Tribunal Electoral de Coahuila y el propio órgano electoral local. Este convenio tiene como objetivo verificar que las personas que aspiren a un cargo de elección popular no hayan incurrido en conductas que vulneren los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

El evento contó con la presencia del magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza; el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, Karla Verónica Félix Neira, así como Consejeras y Consejeros Electorales.

Durante su intervención, el magistrado presidente Miguel Mery Ayup, destacó que desde el Poder Judicial de Coahuila se han impulsado acciones concretas para garantizar una vida libre de violencia, como la creación de juzgados especializados en violencia contra las mujeres y la implementación de herramientas como el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres y el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, este último pionero a nivel nacional.

Subrayó que estos instrumentos no sólo permiten visibilizar y sancionar conductas indebidas, sino que también tienen efectos directos en la suspensión de derechos y prerrogativas, lo que fortalece su carácter vinculante. Informó que, en 2025, en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres se encontraban mil 576 personas, mientras que el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos contabilizaba 321 personas inscritas.

El convenio establece que las personas que buscan ser candidatas no deberán contar con sentencias firmes por delitos que atenten contra la vida, la integridad corporal, la libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual, ni por violencia familiar —en cualquiera de sus modalidades—, violencia a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género, o por ser deudoras alimentarias morosas.

En este contexto, el Poder Judicial asume la responsabilidad de informar, desde su función jurisdiccional, si alguna candidatura se encuentra en estos supuestos, contribuyendo así a la transparencia del proceso electoral y brindando a la ciudadanía información objetiva para evaluar a quienes aspiran a representarla.

De la misma manera, se destacó que estos requisitos ya se encuentran respaldados en el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Electoral de Coahuila, lo que refleja la evolución del criterio conocido como “3 de 3” hacia un modelo más amplio e integral.

Con esta firma, el Poder Judicial de Coahuila refrendan su compromiso de proteger los derechos humanos en Coahuila, donde el compromiso con una vida libre de violencia —especialmente para mujeres, niñas, niños y adolescentes— se coloca en el centro de su actuación.