Saltillo, Coah.- La Asamblea Feminista Mujeres que Luchan por Mujeres anunció el martes pasado la instalación formal del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), órgano encargado de llevar a cabo la investigación que definirá si Coahuila se emite la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Sofía Díaz Lozano, vocera y representante legal de la Asamblea, explicó que el grupo interinstitucional ya ha comenzado a trabajar formalmente y que tiene un plazo de 30 días naturales para llevar a cabo una investigación profunda, que incluye la revisión de expedientes judiciales, entrevistas con víctimas y el análisis de propuestas legislativas orientadas a armonizar las leyes locales con los marcos jurídicos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

Pero lo más relevante –y lo que podría marcar un precedente a nivel nacional– son las consecuencias legales que podrían derivarse si se declara la alerta.

“Si se declara la alerta de género hay implicaciones administrativas y sanciones penales para las autoridades que han sido omisas en crear políticas públicas efectivas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género”, advirtió Díaz Lozano.

Estas sanciones no serían simbólicas. De acuerdo con la legislación vigente y los protocolos establecidos por el mecanismo federal de alerta de género, los funcionarios que hayan incurrido en omisiones graves podrían ser sujetos a responsabilidades administrativas e incluso enfrentar procesos penales por delitos como el incumplimiento de un deber legal, negligencia institucional o complicidad por omisión en delitos de violencia de género.

La declaratoria también abriría una serie de implicaciones significativas para el estado de Coahuila. En primer lugar, podría derivar en procesos legales contra servidores públicos que hayan incumplido con su deber. Desde fiscalías hasta oficinas municipales de atención a mujeres, las dependencias involucradas en la prevención o atención de la violencia de género entrarían bajo escrutinio, y quienes hayan actuado con negligencia o complicidad podrían enfrentar destituciones, inhabilitaciones o incluso penas de cárcel.

En segundo lugar, una alerta activaría la intervención directa del Gobierno Federal en diversas áreas. Esto incluiría la revisión de protocolos policiales y judiciales, así como la supervisión del uso de recursos públicos destinados a la atención de mujeres víctimas de violencia. Coahuila estaría obligado a implementar medidas de emergencia como refugios, campañas de prevención, cuerpos especializados y líneas de atención inmediata.

Además, implicaría una reestructuración profunda de las políticas públicas estatales. La legislación local tendría que alinearse con los tratados internacionales y leyes nacionales en derechos humanos de las mujeres. 

A nivel social y mediático, la declaratoria colocaría a Coahuila en el centro del debate nacional. 

Podrían derivar sanciones

Si se declara la Alerta de Violencia de Género, podrían derivarse sanciones administrativas y penales para funcionarios que hayan sido negligentes o cómplices en casos de violencia de género.

La declaratoria implicaría reformas legales, intervención federal y un reconocimiento institucional de la crisis de violencia e impunidad que enfrentan las mujeres en Coahuila.