Torreón, Coah.- La jueza primera de instancia en materia penal de Piedras Negras, Karina Martínez Jiménez, fue notificada el pasado miércoles sobre la suspensión temporal de sus actividades como juzgadora, sin importar que el pasado martes obtuvo una suspensión provisional de la reforma judicial para que no pudiera ser removida del cargo. 

La notificación de su suspensión se realizó sin importar que en días pasados había obtenido una suspensión provisional o amparo contra la reforma judicial, a fin de que se protegieran sus derechos laborales. El amparo se sustenta conforme al acuerdo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza (PJECZ). 

Además de significar una afectación económica, pues sólo percibirá 30% de su salario, dado que no se especifica el tiempo que durará la suspensión temporal, el procedimiento administrativo puede llevarse hasta un año.

El pasado martes 22 de octubre se difundió además que María Magdalena Hipólito Moreno, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, concedió la suspensión de los actos reclamados por Martínez Jiménez.

Martínez Jiménez consideró durante una entrevista que la mencionada suspensión temporal deriva de una queja administrativa que presentó desde inicios del pasado septiembre por acoso, violencia y hostigamiento laboral en contra del administrador del Centro de Justicia Penal Acusatorio y señaló que esto impacta en las actividades que desarrolla.

Pide respetar sus derechos laborales

La jueza Karina Martínez presentó un juicio de amparo contra actos del Presidente de la República y otras autoridades, reclamando por su sola entrada en vigor, el decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Y derivado de la apertura de un expediente disciplinario, tras la recepción de un informe que presentó el 17 de octubre del año en curso, el administrador del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Río Grande y que le fue solicitado por el mencionado órgano regulador.

Mientras que para el 18 de octubre del año en curso, el PJECZ decide, con carácter de urgente, forma un expediente administrativo disciplinario en contra de la jueza Karina Martínez Jiménez, por posiblemente incurrir en hechos constitutivos de faltas administrativas, que fueron expuestas en el informe que rindió el administrador del Centro de Justicia Penal Acusatorio.

Lo anterior, con motivo de la reforma judicial y hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo, y en el entendido de que las autoridades del estado están obligadas a acatar dicha suspensión, entre ellos el Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila; dicha suspensión se otorgó el pasado 14 de octubre del año en curso.

La juzgadora afectada también explicó que pese a contar con una suspensión que protege sus derechos e impide que sea removida del cargo, situación que no están respetando con la notificación que recibió, también hay que diferenciar entre los jueces que cuentan con nombramiento por seis años y aquellos que, tras cumplir dicho periodo, se les realiza un procedimiento a través del cual se les ratifica, que es su caso, y que por ello no puede ser removida.

‘No hay condiciones’

Pese al amago del Consejo de la Judicatura Federal de imponer descuentos salariales a quien no se presentara a trabajar a partir de ayer, los trabajadores del Palacio de Justicia acordaron mantener el paro.

“Nos hemos reunido, hemos discutido y sólo podemos hablar por lo que discutimos ahora, y hemos advertido que no hay condiciones para que nosotros ingresemos y se obligue al personal a trabajar”, dijo el magistrado Héctor Orduña.

Tras más de cuatro horas de reunión con la representantes de los trabajadores, el magistrado en materia laboral dijo que no podía confirmar que los trabajadores vuelvan el lunes.

“Toda protesta tiene ese riesgo, puede haber consecuencias, se discutieron, y la conclusión por ahora es que no hay condiciones para laborar en este edificio hasta este momento”, agregó en rueda de prensa.

Orduña Sosa indicó que debe haber libertad para regresar a trabajar, no sólo que estén libres los accesos, y que la base trabajadora tenga certeza de que puede regresar a su lugar de trabajo y desempeñarlo de manera libre.

Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores, afirmó que la reforma judicial no ha concluido su proceso, pues tiene varias impugnaciones en curso.

“Debemos tener muy claro que no ha terminado, el tema de la reforma no ha terminado. Que les quede muy claro, no ha terminado. La reforma está cuestionada, está impugnada y la Corte no ha resuelto lo conducente.

“No se puede tener por un acto definitivo esa reforma. Hasta en tanto la Corte no se pronuncia al respecto. Y fue justamente el posicionamiento que les hicimos saber a los titulares”, sostuvo Aguayo.

Divide final del paro 

Juzgadores y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) discreparon en torno al acuerdo del Consejo de la Judicatura de poner fin al paro de actividades contra la reforma al sector. Mientras la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) acordó reanudar labores el próximo lunes, los trabajadores y magistrados del Palacio de Justicia de San Lázaro rechazaron levantar el paro, pues aseguraron que no existen condiciones.

Avala Senado desacato 

Con el rechazo opositor, que alegó que el Poder Ejecutivo pretende “lavarse las manos”, Morena y sus aliados en el Senado aprobaron, con 81 votos a favor y 36 en contra, respaldar al Poder Ejecutivo en el desacato a la orden que dio una jueza para bajar la reforma judicial del Diario Oficial.

Con información de Agencia Reforma