Saltillo, Coah.- Al ser un esquema de ahorro que nació en la informalidad, las tandas podrían regresar al uso de efectivo ante el nuevo escenario de fiscalización que pondrá en marcha el Servicio de Administración Tributaria (SAT), consideró Alejandro Flores Espinoza, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas Coahuila-Sureste. 

El experto señaló que, durante décadas, las tandas han sido un mecanismo informal de ahorro profundamente arraigado en la cultura financiera de muchas familias. Su funcionamiento se basaba, en gran medida, en la confianza entre personas conocidas y en el manejo de recursos en efectivo, lo que permitía operar estos esquemas sin mayores implicaciones administrativas o fiscales. Con el tiempo, mediante el uso de transferencia se agilizaron los procesos de cobro. 

Sin embargo, el entorno actual de fiscalización ha transformado radicalmente este escenario. El fortalecimiento de los controles sobre el sistema financiero y la vigilancia de los depósitos bancarios han colocado a las tandas en una situación de alto riesgo, particularmente cuando se administran mediante cuentas bancarias y no bajo los esquemas tradicionales en efectivo.

“Hoy en día, cualquier depósito recurrente o de monto relevante que ingresa a una cuenta bancaria puede ser analizado por la autoridad fiscal, independientemente de que su origen sea un esquema de ahorro colectivo y no un ingreso real. La falta de documentación formal que acredite la naturaleza no gravable de esos recursos provoca que, en la práctica, las tandas bancarizadas sean fácilmente confundidas con ingresos omitidos”, señaló Alejandro Flores Espinoza, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas Coahuila-Sureste. 

Ahora, la autoridad cuenta con facultades para presumir ingresos cuando detecta depósitos bancarios que no guardan congruencia con los ingresos declarados. Esta presunción no distingue si los recursos provienen de una tanda, un préstamo informal o un apoyo entre particulares; el sistema parte del supuesto de que todo depósito es ingreso, salvo prueba en contrario.

En este contexto, “las tandas enfrentan un riesgo estructural: un mecanismo diseñado para operar en la informalidad y la confianza ahora se ve forzada a interactuar con un sistema bancario altamente fiscalizado, para el cual no fue concebido. Esto ha llevado a que una práctica tradicional de ahorro se vuelva cada vez más difícil de sostener sin generar contingencias fiscales”.

Cuando la autoridad determina que los depósitos no justificados constituyen ingresos acumulables, estos se integran a la base gravable del contribuyente y se les aplica la tarifa progresiva del Impuesto sobre la Renta para personas físicas. Dicha tarifa contempla una tasa máxima de hasta el 35%, la cual suele aplicarse cuando los montos detectados son elevados o se acumulan con otros ingresos del ejercicio fiscal.

Se van sumando actualizaciones, recargos y multas, lo que puede incrementar de forma considerable el impacto económico para el contribuyente, convirtiendo un esquema de ahorro informal en una carga fiscal difícil de absorber.

El riesgo se acentúa cuando una persona organiza tandas de manera frecuente, concentra recursos en una sola cuenta bancaria o maneja montos elevados, ya que estas conductas pueden ser interpretadas como una actividad económica habitual, generando obligaciones fiscales adicionales e incluso revisiones más profundas por movimientos financieros inusuales.

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Bajo estas condiciones, las tandas, tal como se conocían, corren el riesgo de desaparecer o transformarse, no por ser ilegales, sino por resultar incompatibles con el nivel de fiscalización actual del sistema bancario. El traslado de una práctica tradicionalmente basada en efectivo a plataformas financieras formales ha elevado significativamente su exposición a revisiones y sanciones”, consideró. 

Ante este escenario, la prevención resulta clave. “Quienes participan en tandas deben ser conscientes de que el uso de cuentas bancarias incrementa el riesgo fiscal y que la falta de comprobación documental puede generar problemas serios. Para los organizadores, resulta especialmente riesgoso administrar recursos colectivos a través del sistema financiero sin una estructura formal”, puntualizó Flores Espinoza.