El Punto de Acuerdo fue presentado el 3 de marzo de 2026 en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
El diputado federal Marcelo de Jesús Torres Cofiño presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, el Servicio de Administración Tributaria y la Guardia Nacional a emitir criterios técnicos uniformes que brinden certeza jurídica al traslado de combustibles destinados exclusivamente al autoconsumo operacional en obra.
La propuesta surge a partir de la problemática expuesta públicamente por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Laguna, organización que ha advertido que la ambigüedad normativa actual ha derivado en aseguramientos de combustible y paralización de obras, aun cuando se trata de producto adquirido legalmente y destinado únicamente a maquinaria propia.
“El sector construcción no comercializa combustibles. Trasladan diésel o gasolina para operar maquinaria pesada en zonas donde no hay estaciones cercanas. Es una necesidad técnica, no un negocio ilícito”, subrayó el legislador.
Torres Cofiño destacó que, aunque la CMIC Laguna ha sido quien visibilizó con mayor claridad esta problemática, la incertidumbre jurídica también impacta a otros sectores productivos estratégicos como el minero, el ganadero y el agropecuario, que igualmente requieren trasladar combustible para el funcionamiento de maquinaria y equipos en zonas alejadas.
La postura de la CMIC Laguna ha sido respaldada por el Consejo Coordinador Empresarial Laguna, que ha solicitado reglas claras que distingan entre:
Autoconsumo operacional en obra o actividad productiva
Transporte con fines de comercialización
Conductas vinculadas al mercado ilícito
Actualmente, la falta de diferenciación normativa ha provocado interpretaciones discrecionales que afectan principalmente a pequeñas y medianas empresas formales que generan empleo y pagan impuestos.
El contexto económico es delicado. De acuerdo con los datos citados en el Punto de Acuerdo, y pese al esfuerzo del Gobierno del Estado de Coahuila, la Zona Metropolitana de La Laguna perdió 6,405 empleos formales en diciembre de 2025. El sector construcción fue uno de los más golpeados, con una caída de 1,717 plazas en la región.
“Cuando se paraliza una obra o actividad productiva por una interpretación discrecional, no solo se detiene maquinaria: se detienen salarios, contratos y oportunidades para jóvenes y familias enteras. Y lo mismo ocurre en el campo, en la minería o en actividades ganaderas que dependen de combustible para operar”, advirtió.
¿Qué propone el Punto de Acuerdo?
El exhorto plantea cuatro acciones concretas:
Emitir en un plazo máximo de 30 días criterios técnicos provisionales que delimiten claramente el traslado de combustibles para autoconsumo.
Establecer mecanismos claros de acreditación de procedencia legal mediante documentación fiscal, bitácoras y trazabilidad mínima.
Convocar en 15 días a una Mesa Técnica Nacional con participación de la CMIC Laguna, el CCE Laguna y representantes del sector construcción, sin excluir a otros sectores productivos impactados.
Privilegiar el principio de proporcionalidad y evitar la paralización total de obras o actividades productivas cuando exista documentación legal que acredite la compra del combustible.
Combate al ilícito, sí. Castigo al formal, no.
El legislador fue enfático: la iniciativa no busca debilitar la lucha contra el mercado ilícito de combustibles, sino evitar que los vacíos regulatorios castiguen a quienes cumplen con la ley.
“Combatir el huachicol es una obligación del Estado. Pero no podemos permitir que, en ese esfuerzo, se afecte a empresas formales del sector construcción, minero, ganadero o agropecuario que generan empleo y desarrollo regional. La ley debe ser clara, no discrecional”, sostuvo.
El Punto de Acuerdo fue presentado el 3 de marzo de 2026 en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
