Recursos para supervisar las minas en Coahuila, en declive desde 2018 por recortes

Ciudad de México.- Los recortes presupuestales han ocasionado que el número de inspectores laborales dedicados a revisar minas y diversos tipos de industrias en Coahuila se reduzca 40 por ciento entre 2018 y 2022.

De acuerdo con una revisión de los presupuestos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en el último año del sexenio pasado trabajaban 42 visitadores en la Delegación Federal de Trabajo ubicada en dicha entidad, mientras que actualmente hay 25.

Tras el derrumbe de un pozo minero en el municipio de Sabinas, diversos actores públicos han pedido aumentar la frecuencia de las inspecciones a empresas mineras y los dueños hagan caso oportuno de las observaciones realizadas por las autoridades.

Al día siguiente de la tragedia, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares, Napoleón Gómez Urrutia, señaló la importancia de que las autoridades federales y estatales realicen más revisiones laborales y aumenten su eficacia.

“Desafortunadamente muchas autoridades no han hecho caso en el tema de las inspecciones laborales y con toda la obligación que deben hacer para que las empresas cumplan con todas las reglas de seguridad que garanticen la vida y seguridad de los trabajadores”, indicó. 

Incluso un mes antes de que ocurriera el accidente minero, el Congreso de Estado exhortó a la STPS federal y local a sumar esfuerzos para inspeccionar y vigilar a las empresas mineras y poder aplicar sanciones a aquellas empresas que no cumplieran con las medidas de seguridad.

En esa ocasión la diputada local, Yolanda Elizondo Maltos, señaló que los accidentes en minas carboníferas podrían reducirse de manera importante si las autoridades y dueños de empresas cumplieran con los estándares de seguridad laboral y recordó que “el trabajo al interior de las minas es considerado uno de los más peligrosos”.

A pesar de que el tema de la inseguridad minera data de hace varios años, el presupuesto de la Delegación Federal de Trabajo en Coahuila se ha reducido constantemente en los últimos años.

El Presupuesto de Egresos de la Federación revela que en 2018 esta área contaba con 26.4 millones de pesos para su operación; sin embargo, para este año fiscal solo tendrán 21.5 millones de pesos, lo que representa una caída de 11 por ciento en los últimos cuatro años.

Condiciones laborales

El documento “La inspección del trabajo en México: El largo camino hacia un modelo laboral basado en el Imperio de la Ley”, explica que los inspectores se desempeñan en condiciones precarias, ya que el dinero destinado para cubrir gastos como transporte o viáticos es muy reducido.

“Esto es particularmente crítico para la inspección en el sector agrícola y en los establecimientos industriales en zonas rurales, donde las distancias entre las oficinas de gobierno y los sitios de trabajo son considerables”, explica la publicación. 

Otra limitante que tienen los inspectores federales de trabajo radica en que tienen poca especialización derivada de que deben de revisar muchos puestos de trabajo con diferentes giros, ya que la misma persona que inspecciona una mina de carbón debe hacer lo mismo con empresas aeroespaciales, sucursales bancarias y hasta tiendas de autoservicio.

“En determinadas industrias y para tipos de inspección muy especializados, donde se requieren competencias adquiridas con muchas horas de aula, es difícil atraer o retener los perfiles requeridos. Cuando estos perfiles los llenan inspectores con formación terciaria y aún de posgrado, la tentación de abandonar la inspección o efectuar labores paralelas es muy grande”, sostiene el estudio. 

También caen a nivel federal

A escala federal, el número de inspectores de la STPS ha registrado una caída de 35 por ciento desde 2018. En ese año había 809 empleados dedicados a esta acción, mientras que en el presente año solo hay 527 inspectores.

Además, la Dirección General de Inspección Federal de Trabajo tiene una partida de 30.1 millones de pesos para el presente año; sin embargo, esa cantidad es mucho menor a los 41.1 millones con los que se desempeñaba en 2018, según el PEF.

Fuente:  MILENIO