Saltillo, Coah.- A 100 años del inicio de la Guerra Cristera, donde el Gobierno Federal mató a sus propios ciudadanos, la Conferencia del Episcopado Mexicano afirma que el país está fracturado por la violencia, la desaparición de personas, la impunidad, la desigualdad y una polarización provocada por estrategias políticas que divide a los mexicanos y que ha hecho del adversario un enemigo. 

“Más grave aún es cuando el Estado permite que el crimen organizado se convierta en un estado paralelo que controla territorios, donde se anulan todos los derechos humanos: secuestra, asesina, deforma la conciencia de los jóvenes” 

“Ese clima de violencia generalizada afecta a toda la sociedad e impide que comunidades vivan libremente su fe. La sangre de sacerdotes asesinados en ejercicio de su ministerio, nos dice que la lista de testigos no cerró en 1929”. 

Y existe otro riesgo: que los derechos se proclamen de manera formal mientras avanzan, disimuladas, otras violaciones de la dignidad humana. 

“Hoy la conciencia puede ser coaccionada sin cerrar un solo templo: mediante la manipulación de la información, la reducción de la persona a un perfil de consumo, la captura de atención por algoritmos que polarizan y nuevas esclavitudes de la era digital”. 

“Denunciamos la ideología, tan actual, que mide el valor de la persona por su utilidad, su eficiencia o su rendimiento, y que convierte a los pobres, los enfermos, migrantes, ancianos y los no nacidos en material descartable”. 

La Conferencia refiere que la libertad religiosa es un derecho humano, no un privilegio del clero y su negación siempre termina en sangre, y aunque ha habido avances, el proceso aún está inconcluso. 

“Decimos con serenidad y sin agravio que la libertad religiosa en México no es plena. Persisten restricciones que no son de una democracia madura: límites al ejercicio del culto fuera de los templos, la imposibilidad de que asociaciones religiosas accedan a concesiones de radio y televisión, restricciones a la libertad de los padres para elegir la educación religiosa de sus hijos ante la imposición de modelos educativos sin consensos”.