Ciudad de México.— La diputada Luz Elena Morales Núñez propone reformar la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas, la Ley del Notariado y la Ley del Registro Civil de Coahuila, a fin de garantizar los derechos alimentarios de la niñez y las adolescencias.

“Ello, para que reciban de las personas que están obligadas a proporcionarles alimentos, todo aquello que les es indispensable para su sustento, supervivencia y desarrollo. Esto es vestido, habitación, educación, salud y recreación, entre otros”.

“Negar o retrasar el cumplimiento de estas obligaciones alimentarias significa vulnerar derechos fundamentales y perpetuar formas de violencia económicas que afectan el presente y futuro de nuestras niñas, niños y adolescentes”.

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado plantea mecanismos que impidan evadir responsabilidades de quienes tienen obligación de proporcionar condiciones de igualdad, seguridad y bienestar a las hijas e hijos, como lo dicta el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

“De tal manera, a través de la información que concentre el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que deberá actualizarse mensualmente, se difundirá la calidad que tenga una persona como deuda alimentaria morosa, al incumplir con sus obligaciones en materia de alimentos, sea cual fuere el lugar del país en que se haya constituido en mora”.

Así, como requisito para tramitar el pasaporte, la compra-venta de bienes inmuebles y la trasmisión de derechos, deberán presentar el certificado de no inscripción en el Registro.

“En consecuencia, quien se encuentre inscrito en aquel Registro Nacional como persona deudora alimentaria morosa, no podrá obtener el documento correspondiente al trámite que efectúe, ni realizar operaciones inmobiliarias ante un notario, lo que también ayudará a evitar la simulación de dichas operaciones en perjuicio de alguna persona acreedora alimentaria”.

Coahuila ya cuenta con el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, a cargo de la Secretaría Técnica y de Planeación del Tribunal Superior de Justicia, actualmente con 260 registros. Con las reformas, se reduce el tiempo de tres meses a dos de incumplimiento para que las personas sean inscritas en el padrón de morosidad.

“La persona deudora alimentaria que haya dejado de cumplir con sus obligaciones en materia de alimentos por un periodo mayor de dos meses o 60 días naturales, continuos o discontinuos, será calificada como deudor alimentario moroso, por lo que la autoridad judicial competente ordenará su inmediata inscripción en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, en los términos del Artículo 308 de esta ley”.

Además, al contraer matrimonio o al unirse en el Pacto Civil de Solidaridad, la o el oficial del Registro Civil informará a la mujer si el hombre está inscrito en el Registro, el monto de la deuda y el número de personas acreedoras.

La inscripción será cancelada al momento en que el deudor acredite ante la autoridad judicial que han sido cubiertos en su totalidad los adeudos que tenía.

Además, en el Registro deberá aparecer la cuantía del adeudo, nombre, apellidos, edad, nacionalidad y ocupación o profesión de la persona deudora, así como el nombre completo y fecha de nacimiento de los acreedores alimentarios. Para una adopción, también será requisito no formar parte del padrón.