Saltillo, Coah.- Aunque Texas es conocido por su desarrollo petrolero con tecnología avanzada, la expansión del “fracking” también le ha dejado una ruta documentada de inconformidad social como un gobierno local que intentó prohibir la fractura hidráulica, vecinos que denunciaron riesgos por pozos cerca de viviendas y guarderías, comunidades que protestaron por sismos asociados a la inyección de aguas residuales, propietarios rurales preocupados por acuíferos y autoridades obligadas a reforzar reglas para el manejo del agua producida.

Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en Denton, ciudad ubicada al norte de Texas, donde habitantes organizados lograron en 2014 la primera prohibición municipal al “fracking” en el Estado.

De acuerdo con un reporte de The Texas Tribune, Denton tenía entonces dos universidades, 277 pozos de gas y un conflicto abierto por la cercanía de operaciones de perforación y fractura hidráulica a zonas habitadas, parques y espacios públicos.

La nota documentó el caso de vecinos que se opusieron a un proyecto de Range Resources cerca de McKenna Park, donde había canchas, mesas de picnic y juegos infantiles.

La inconformidad local, sin embargo, fue contenida desde el poder estatal. En 2015, el gobernador Greg Abbott firmó la llamada HB 40, conocida como la “Denton fracking bill”, que limitó la capacidad de los municipios para regular actividades relacionadas con perforación, “fracking” y operación petrolera.

The Texas Tribune reportó que la ley fue presentada como una forma de evitar un parche de regulaciones locales, pero también señaló que molestó a autoridades de ciudades que buscaban reducir los efectos de perforaciones cerca de casas, escuelas y negocios.

En Arlington, KERA News reportó en febrero de 2025 que el Cabildo aprobó 10 pozos de gas de TotalEnergies cerca de The Mother’s Heart Learning Center, una guardería ubicada en South Watson Road. Según la publicación, vecinos hablaron durante alrededor de dos horas para pedir que se negara el proyecto, al advertir preocupaciones por la salud de quienes viven cerca de sitios de “fracking” y, especialmente, por los niños que acuden a la guardería.

En otros puntos de Texas, las quejas han sido por los sismos asociados al manejo de residuos. The Texas Observer documentó en 2014 protestas de habitantes de Azle y comunidades vecinas ante la Railroad Commission of Texas, luego de más de 30 temblores registrados en pocos meses tras el auge del “fracking” y la instalación de pozos de inyección de aguas residuales. Los residentes pidieron una moratoria de 90 días a la inyección de fluidos para observar si los sismos disminuían.

El problema sísmico ha seguido vigente en el Permian Basin, la región petrolera más importante de Estados Unidos. Reuters reportó en febrero de 2025 dos sismos de magnitud 5.0 y 4.7 en el condado de Culberson, al oeste de Texas, que volvieron a poner bajo escrutinio las prácticas de disposición de agua residual.

La agencia de noticias señaló que la inyección de agua salada, subproducto de la producción de petróleo y gas, ha sido vinculada con el aumento de actividad sísmica en regiones petroleras de Texas y Oklahoma.

Las quejas también se han relacionado con emisiones al aire. En Eagle Ford Shale, al sur de Texas, una investigación del Center for Public Integrity, Inside Climate News y The Weather Channel revisó 284 quejas presentadas ante la Texas Commission on Environmental Quality por residentes que dijeron haber sido afectados por actividades de petróleo y gas.

El equipo periodístico informó que presentó solicitudes de información pública, entrevistó a científicos y revisó cómo respondía la autoridad ambiental a las quejas de los habitantes.

En Wise County, otro caso escaló a tribunales. El Center for Public Integrity reportó el caso de la familia Parr, que litigó contra Aruba Petroleum por emisiones vinculadas a operaciones de petróleo y gas cerca de su vivienda. La publicación presentó el caso como un precedente relevante porque un jurado otorgó una indemnización millonaria por molestias y daños relacionados con emisiones tóxicas.

A estos conflictos se suman los pozos viejos, de baja producción o abandonados. Inside Climate News publicó este mismo mes el caso de Jackie Chesnutt, propietaria cerca de San Angelo, quien denunció contaminación y molestias por pozos que, según ella, debieron ser taponados años atrás.

La publicación señaló que alrededor de dos tercios de los pozos petroleros activos en Texas, proporción que suma unos 99 mil, producen menos de 10 barriles diarios, y que muchas empresas mantienen una producción mínima para aplazar el costo de clausura.

La preocupación por los acuíferos también ha sido documentada en el Permian Basin. The Texas Tribune reportó en 2023 el caso de propietarios rurales del oeste de Texas que temen que la inyección subterránea de aguas residuales del “fracking” amenace fuentes de agua utilizadas para ranchos, agricultura y consumo.

La publicación explicó que los habitantes han advertido riesgos por la presión generada bajo tierra, la presencia de pozos viejos y la posibilidad de que el agua producida migre hacia formaciones de agua dulce, aunque también precisó que la relación entre la inyección de residuos y la contaminación de acuíferos es más difícil de probar que el vínculo entre pozos de inyección y sismicidad.