Saltillo, Coah.-  El abogado Gabriel Regino Hernández, especialista en materia penal y procesal, advirtió que los capos mexicanos, entre ellos Miguel Ángel y Omar Treviño, el Z40 y Z42, enviados a Estados Unidos, podrían enfrentar la pena de muerte y demuestra que el Gobierno de México está dispuesto a ignorar procesos jurídicos “fast track” para complacer las demandas de EU.

Además, podría provocar una escalada de violencia en nuestro país por parte de los cárteles, como ocurrió en Colombia, donde la delincuencia organizada desató una campaña de terrorismo para evitar la extradición.

Regino explicó que hay diferencia entre extradición y entrega por seguridad nacional. 

La extradición es el proceso legal ordinario, mediante el cual un país entrega a otro estado una persona para ser juzgada, atendiendo un tratado bilateral y garantías judiciales. Desde 1978 México y Estados Unidos tienen un tratado con la garantía de no dictar pena de muerte, lo que con-lleva un proceso judicial para garantizar el derecho de defensa y prohíbe la pena de muerte, lo que está respaldado en el Artículo 15 de la Constitución Mexicana y el Artículo 8 del Tratado de Extradición.

En cambio, la entrega por seguridad nacional es una figura extraordinaria basada en la Ley de Seguridad Nacional, que define como amenaza a la seguridad actos que impidan actuar contra la delincuencia organizada y faculta la cooperación internacional contra amenazas transnacionales. 

Sin recurso de amparo

El penalista coahuilense Gerardo Pérez Pérez coincidió con la interpretación de Regino Hernández sobre el envío de los 29 criminales a Estados Unidos.

En una entrevista realizada por Super Channel 12 de Grupo Zócalo, aseguró que “la entrega se hace con una excusa que no tiene sostén legal, se encuentra en la Ley de Seguridad Nacional que se promulgó en el Gobierno de Calderón y se utilizó para enviar a 14 reos, entre ellos a Osiel Cárdenas Guillén”.

“Los 29 delincuentes enviados pueden ser sentenciados a pena de muerte o a la cadena perpetua, y no se pueden amparar porque el acto de enviarlos ya fue consumado, los estadunidenses no van a regresar a los 29 recibidos, pone en riesgo las garantías de los mexicanos, la de seguridad jurídica, la de debido proceso y la de legalidad”, dijo Pérez Pérez.