Saltillo, Coah.- La diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares (UDC) propone reformas legales para evitar asentamientos irregulares y fraudes en la venta de terrenos que carecen de acreditación legal y de alineación en los planes municipales de desarrollo urbano.

“En muchos de estos casos los predios no cuentan con título de propiedad, no han sido debidamente lotificados ni registrados ante los municipios, sin embargo, son comercializados por particulares mediante contratos privados con fe notarial, a través de pagos en abonos o usufructos prolongados por 99 años”.

Plantea adiciones al Artículo 104 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Coahuila, para indicar que las autoridades municipales deberán emitir constancia sobre la situación legal, registral y urbanística del predio, antes de la compra-venta.

“Toda enajenación de predios con destino habitacional deberá estar sujeta a la verificación previa de que el inmueble cuenta con autorización municipal para su incorporación al desarrollo urbano, uso de suelo compatible y cumplimiento con la normatividad en materia de lotificación, servicios básicos y alineamientos, conforme al plan municipal de desarrollo urbano vigente”.

Se adiciona el Artículo 104 Bis para señalar que las autoridades competentes, en coordinación con el Instituto Registral y Catastral, diseñarán mecanismos de control que impidan la inscripción de predios sin verificación previa.

Asimismo, se incorpora un párrafo al Artículo 17 de la Ley del Notariado, con relación a los actos de enajenación o cesión de derechos sobre predios o bienes inmuebles con destino habitacional.

“El notario deberá, además, solicitar y verificar constancia emitida por la autoridad municipal sobre la incorporación del predio al plan de desarrollo urbano, loteo autorizado y uso de suelo habitacional. De no acreditarse, el notario deberá advertir por escrito al compareciente sobre los riesgos jurídicos, urbanísticos y ambientales del acto”.

En el país, más del 30 por ciento del crecimiento urbano ocurre en asentamientos irregulares, lo que genera exclusión, inseguridad y falta de servicios básicos.

“La propuesta no busca limitar la propiedad, ni impedir que las personas celebren acuerdos sobre el uso de sus terrenos. Lo que se plantea es fortalecer los controles institucionales que deben garantizar que esos acuerdos se den con legalidad, transparencia y certeza para todas las partes”.