Saltillo.- La reforma al Poder Judicial de Coahuila en materia constitucional, contiene candados y restricciones, para garantizar que sólo se registren en los procesos para elegir magistrados y jueces, profesionales con experiencia técnica, con perfil idóneo y avalados por una carrera judicial ética y moral, para evitar que aparezcan en las boletas personas inexpertas y faltas de preparación.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas envió al Congreso del Estado la iniciativa de reforma a la Constitución de Coahuila para llevar a cabo la elección de juzgadores mediante el voto popular el 1 de junio del año entrante, proceso electoral que iniciará el 1 de enero próximo.

Se establece que las personas en funciones en los cargos a elegir, serán incorporadas en los términos y plazos que establezca la convocatoria, a los listados de candidaturas para participar en el Proceso Judicial Extraordinario 2025, excepto cuando renuncien, se retiren en forma anticipada, declinen su participación antes del registro de las candidaturas o sean postuladas para un cargo diverso. 

En caso de no ser electas por la ciudadanía para ejercer el cargo concerniente a la postulación por un nuevo periodo, concluirán su encargo en la fecha establecida para el inicio de las funciones de las personas que resulten de la elección extraordinaria.

Los listados de aspirantes, serán validados por los comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para garantizar que cuenten con buena reputación, buena fama, honorabilidad y con experiencia acreditada. 

Asimismo, se deberá cubrir el requisito de certificado de perfil idóneo por única ocasión para participar en el Proceso Electoral Extraordinario 2025, el mismo será cumplido con la certificación o evaluación equivalente que determine el actual Instituto de Especialización Judicial del PJ. 

Así, el Congreso del Estado deberá aprobar este mes las adecuaciones en el Código Electoral y la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana, a fin de garantizar la elección extraordinaria del 1 de junio del próximo año para elegir los cargos populares del poder Judicial del Estado.