La intención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de juntar las elecciones judiciales federales del próximo año con la revocación de mandato, las elecciones de las diputaciones federales, y en algunos casos como Coahuila, con las elecciones para Alcaldes, es un total despropósito, dijo el Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup. 

El Magistrado señaló que se trata de una burla para el Pueblo Mexicano ya que no podrán ejercer su voto con pleno conocimiento de los candidatos y candidatas, esto podría derivar en que se vuelva a la práctica de utilizar “acordeones”, hecho que se considera ilegal en una elección. 
 
“No estoy de acuerdo en que las elecciones de Magistrados y Jueces sea en el año 2027, me parece un despropósito y una locura, una falta de respeto al pueblo de México, es imposible que puedan revisar los perfiles como se suponía que establecieron, es imposible para un votante por eso luego salen los acordeones”

Mery Ayup señaló que las elecciones judiciales deberían ser aplazadas para 2028 para que los electores puedan analizar los perfiles, para ello se debería replicar el Modelo Coahuila donde se instaló un comité por cada uno de los Poderes. 
 
“Deberían de aplazarlo, si ya estamos en el modelo de ir a las urnas, bueno tomen el Modelo Coahuila, tomen el modelo que hicimos nosotros de los comités, y cómo esos comités evaluaron, y cómo esos comités, uno por poder, integraron planillas, y esas planillas dieron como resultado, pleno del tribunal, disciplinario, magistrados distritales y 90 jueces”

El Magistrado explicó que no se le debe dejar la carga a un ciudadano para luego culparlo por su elección en caso de que un Juez o Magistrado no sea el perfil idóneo para el puesto. 

0128 “Va a ser muy difícil para un ciudadano ir a votar por Alcaldes, por Magistrados y Jueces Federales que van a ser seis boletas con más de 350 candidatos en esas seis boletas, y luego votar por otras boletas para Jueces y Magistrados locales, es un derroche económico” 0150

Dentro del llamado Plan B de la reforma electoral, la Presidenta de México deja abierta la posibilidad a una “súper elección” en la que coincidirían las elecciones de diputados federales, gubernaturas en 17 entidades, congresos locales en 30 Estados, así como los Ayuntamientos en 31 entidades, además planea incluir la revocación de mandato.