Saltillo.- Miguel Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado dijo que este año abrirán por lo menos 10 plazas para nuevos jueces, que no requerirán pasar por una elección judicial, sin embargo, tendrán que someterse a ratificación en el proceso electoral judicial del 2027.

A unas semanas de su informe de actividades del 2025, Mery Ayup dijo que actualmente tienen 220 mil juicios abiertos y espera que en este año resuelvan otros 83 mil, pero que el tema para un mayor avance tiene que ver con la necesidad de más jueces y personal en el Poder Judicial.

“Necesitamos alrededor de 25 nuevas juezas y jueces para la materia civil, familiar y mercantil, sobre todo, en la materia penal estamos muy bien. Lo que haremos es que, con más elementos pudiéramos recortar los plazos dentro de un proceso, en vez de una audiencia en dos meses, pudiéramos acercarla”, expresó el Magistrado Presidente.

Dijo que se requieren cuatro jueces por cada cien mil habitantes, pero en Coahuila se cuenta con 3.5, por lo que a los mil 328 millones de presupuesto que autorizó el Congreso al Poder Judicial, se puede ampliar e incorporar más recursos al capítulo mil, para más plazas, por lo que buscarán crear 10 nuevos jueces este 2026, que no tendrán que pasar por un proceso electoral.

“En principio podemos crear una nueva plaza, que tendrá que ir a votación hasta después, porque dentro de nuestro esquema estamos guardando la carrera judicial. Y en el 2027 se tendrán que ratificar yendo a elecciones”, indicó Mery Ayup.

Señaló que espera que ese proceso de creación de nuevas plazas para jueces inicie en febrero, con la publicación de la convocatoria, dejando claro que quienes accedan a un juzgado este año, en el 2027 que habrá nuevamente proceso electoral judicial en Coahuila, deberán participar como candidatos, para buscar ganar la elección y ser ratificados en el cargo.

Y agregó que la creación de estos 10 nuevos juezas y jueces, implica también más plazas para contratar secretarios de acuerdos, actuarios, más personal de defensoría pública y del departamento psicosocial.