Coahuila se une a ‘la guerra’ contra Plan B

Saltillo, Coah.- El Gobierno de Coahuila se unió a la “guerra” contra el “Plan B” de la reforma electoral, al presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional, lo cual ya han efectuado municipios para intentar revertir sus efectos negativos.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que era imperante que su Gobierno presentara este recurso, pues no sólo afecta la autonomía y soberanía de estados y municipios, sino que vulnera el derecho de la ciudadanía de mantenerse informada sobre lo realizado por el Gobierno.

“Se tiene que presentar, de manera obligatoria, si nosotros queremos sostener una controversia. Por eso también, de esta forma, no solamente nosotros sino varios municipios están presentando la controversia, porque finalmente tiene que haber una respuesta muy completa, y se tiene que extender hacia todos los entes de Gobierno”, declaró.

Violan soberanía presupuestal

Por eso, ayer presentaron una Demanda de Controversia Constitucional en contra del Congreso de la Unión, que aprobó el decreto que modificó diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De acuerdo al documento entregado ante la SCJN, la controversia es contra de la violación a los artículos 73, 116 y 134 de la Constitución Mexicana, por ir en contra del federalismo y la soberanía presupuestal de estados y municipios.

“El decreto emite disposiciones que violentan el cumplimiento de los objetivos de mi representado, al reducir arbitrariamente los recursos económicos que serán ejercidos en materia de comunicación social, impidiendo que mi representado cumpla con lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 134 constitucional”, dice el texto.

Sobre esto, el Gobierno de Coahuila señaló que lo anterior es violatorio de la soberanía presupuestal del estado y municipios, ya que se invaden facultades que constitucionalmente le corresponden exclusivamente a los congresos locales y no a la federación.

Establecen que el “Plan B” es inconstitucional, dado que la entidad y los municipios aprobaron desde el año pasado, el presupuesto para el 2023, y la reforma del Presidente modifica de manera indebida estas disposiciones.