Saltillo, Coah.- En su audiencia inicial, la defensa de Liliana “N”, imputada por el caso de “Rocky“, el perro arrastrado por una camioneta al norte de Saltillo intentó fallidamente que la medida cautelar se cumpliera en un hospital de salud mental en lugar del Centro Penitenciario Femenil.

Durante el proceso, los abogados de la imputada argumentaron que ella padece diversos trastornos mentales, postura que buscaron respaldar con el testimonio del psiquiatra Christian Arellano, quien declaró que Liliana presenta desequilibrios de la personalidad y se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico.

Para fundamentar la petición de internamiento médico, la defensa invocó el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual contempla que la prisión preventiva pueda cumplirse en un centro médico o en el domicilio bajo circunstancias específicas, como enfermedades graves.

Como parte de los elementos presentados para demostrar arraigo, su esposo, Jorge Aburto, testificó que han vivido juntos en Saltillo durante aproximadamente 16 años.

No obstante, la jueza de control Elisa Salinas López desestimó el argumento de la defensa al considerar que la condición de la imputada no encuadraba en los supuestos estrictos de la norma invocada.

Tras descartar el envío al hospital psiquiárrico, la juzgadora dictó prisión preventiva justificada, fundamentando su decisión principalmente en el riesgo de obstaculización de la investigación, al señalar indicios de alteración y eliminación de evidencia como la limpieza de la escena donde el canino dejó rastros de sangre y el traslado de la camioneta involucrada a otro municipio cercano.

Pese a ordenar su ingreso al Centro Penitenciario Femenil de Saltillo, la jueza determinó que la institución penitenciaria deberá brindarle seguimiento y atención psiquiátrica continua, así como las medidas necesarias para salvaguardar su estabilidad emocional.

Finalmente, tras un debate sobre los plazos para la investigación complementaria solicitados por el Ministerio Público, la autoridad judicial fijó un periodo de tres meses para el cierre de las indagatorias.

¿Qué dice la ley?

De acuerdo con el Artículo 293 BIS del Código Penal del Estado de Coahuila, al que cometa actos de maltrato o crueldad injustificados en contra de cualquier especie animal, se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y de 100 a 500 días de multa. Así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo.

Sin embargo, en caso de que dichos actos de maltrato provoquen la muerte del animal, los responsables podrían enfrentar una condena de dos a seis años de prisión, además de una multa de 300 a mil días de salario.

Defienden a médico

Ante los ataques y comentarios negativos en contra del establecimiento y del veterinario, el Colegio de Médicos Veterinarios en Coahuila expresó su postura de respeto a la vida y de rechazo a todo tipo de violencia hacia los animales, y mostró su apoyo total hacia Humberto Baca.

Atención

Durante el tiempo que permanezca Liliana “N” en el penal femenil, recibirá seguimiento y atención siquiátrica, además de que se implementen las medidas necesarias para salvaguardar su estado de salud mental.