Saltillo, Coah.- Tras el albazo de Morena y aliados aprobando la Ley de Amparo en el Congreso de la Unión, el diputado federal dijo que lo que en realidad aprobaron fue una reforma fiscal camuflajeada para sacar más dinero, en un momento en que le dejaron a México un gran boquete financiero.

El miércoles por la noche los legisladores oficialistas de Morena y aliados aprobaron la reforma a la Ley de Amparo sin cumplir con los trámites legislativos e incorporando en un transitorio la retroactividad de la aplicación de las nuevas disposiciones.

Con lo anterior, pretenden cobrar créditos fiscales pendientes de 2 mil billones de pesos, con lo cual coincide el diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo Masso, quien señala que esta reforma no es para “amparar” a mexicanos desvalidos, sino para que la federación recabe fondos.

“Esta no es una reforma a la Ley del Amparo es una reforma fiscal totalmente camuflajeada para sacar más dinero, en un momento en el que a México le dejaron un gran boquete financiero”, declaró Abramo Masso, por lo que están buscando y aprobando maneras recaudatorias para llenar ese boquete.

Dijo que, con esta Ley de Amparo, en el mismo tribunal van a pedir garantizar con bienes lo que se debe al SAT en créditos fiscales, es decir, de impuestos, y si no se cuenta con los bienes para garantizar el pago, podrán proceder jurídicamente contra su persona o empresa para cubrir al 100 por ciento lo que se debe.

“Y eso no es para afectar a los poderosos, es para afectar al 75 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas del país. En México hay 200 mil juicios de amparo por términos fiscales, el 47 por ciento corresponden a micro, pequeña y medianas empresas”, declaró el diputado federal.

Y agregó que, mientras que los poderosos pueden contratar abogados para defenderlos mediante esos juicios de amparo, mientras que el que está en riesgo son los negocios familiares que no tienen la posibilidad de pagar a un abogado caro para defenderse. 

Agregó que, sabe de buena fuente que hay legisladores oficialistas que fueron obligados a votar la reforma a esa ley, a pesar de saber que se están violentando derechos constitucionales de los mexicanos y mexicanas.