Saltillo, Coah.- Castigar la usura con hasta 13 años y medio de cárcel y con hasta mil 200 unidades de medida y actualización, es decir, con hasta 140 mil 772 pesos, propone el diputado Fernando Rodríguez González (PT), tras advertir que prestamistas colombianos ya operan en Coahuila.

“La usura constituye una práctica que atenta contra el patrimonio, la estabilidad económica y la dignidad de las personas. Mediante el aprovechamiento de la necesidad económica, la ignorancia financiera o la vulnerabilidad de las víctimas, los usureros o prestamistas imponen tasas de interés excesivas, condiciones abusivas y mecanismos de cobro que generan sobreendeudamiento y exclusión social”.

Con adiciones al Artículo 292 del Código Penal propone equiparar la usura con el delito de fraude, porque los prestamistas se aprovechan de la ignorancia y la necesidad de las personas y los obligan a firmar contratos o pagarés con intereses superiores a los vigentes en el sistema financiero.

“Estas prácticas, comúnmente identificadas como usura, se caracterizan por la imposición de intereses desmedidos que, en muchos casos, hacen imposible la liquidación de las deudas contraídas, generando ciclos permanentes de endeudamiento que afectan gravemente el patrimonio de las personas deudoras”.

En ocasiones obligan a firmar documentos en blanco, en lo que corresponde a intereses, términos y plazos.

“Particularmente alarmante resulta la actuación de prestamistas informales que realizan cobros indiscriminados, exigen pagos diarios o semanales con intereses acumulativos, aplican cargos no pactados y recurren a métodos de presión, intimidación o acoso para exigir el cumplimiento de las obligaciones, afectando la tranquilidad, la estabilidad económica y, en algunos casos, la integridad de las personas”

La iniciativa plantea incrementar las sanciones hasta en una mitad, cuando la víctima sea persona adulta mayor, con discapacidad o esté en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, cuando utilicen amenazas, intimidación, violencia física o psicológica para exigir el pago, cuando obliguen a firmar documentos en blanco, cuando obtengan bienes inmuebles, vehículos o cualquier otro patrimonio mediante la usura, o el delito sea cometido por dos o más personas.