Ofrece Lozoya 2.6 mdp por el ‘perdón fiscal’

Ciudad de México.- El ex director de Pemex, Emilio Lozoya ofreció a la Secretaría de Hacienda pagarle la totalidad de los impuestos que le reprochan haber evadido en el 2016, por un total de 2 millones 695 mil 985 pesos, para evitar una nueva imputación penal y un eventual proceso por el delito de defraudación fiscal.

El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna dio un plazo de 30 días para que Lozoya cierre su negociación con el fisco.

Al mismo tiempo, difirió sin fecha definida la audiencia de ayer en la que la FGR iba formular la imputación contra Lozoya, el tercer asunto que judicializada en su contra, luego de los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

El ex funcionario compareció a través del sistema de videoconferencia desde el Reclusorio Norte, en una diligencia que tuvo una duración aproximada de 20 minutos.

El juzgador preguntó a los representantes de la Fiscalía y Hacienda si tenían alguna manifestación u oposición a la solicitud del litigante, a lo que respondieron que ninguna.

Actualmente Lozoya negocia un “acuerdo reparatorio” y pagar 10.7 millones de dólares para salir de la cárcel.

Pide impedir liberación

Carlos Treviño, ex director de Pemex, pidió a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, negarle a Emilio Lozoya cualquier beneficio que le permita salir de la cárcel, porque sería ilegal y sólo dejaría en evidencia un “acuerdo político de impunidad”.

En un escrito entregado ayer, el ex funcionario señala que el criterio de oportunidad, la reparación del daño y la suspensión condicional del proceso son improcedentes en las dos causas penales que se instruyen contra Lozoya por los Casos Agronitrogenados y Odebrecht.

En principio, Treviño refiere que los poco más de 10 millones de dólares que ofrece Lozoya a Pemex como resarcimiento, no es ni una mínima fracción de los 2 mil 813 millones del daño que causó tan sólo en el caso de la planta de Etileno XXI.

“Considerar que con las cantidades que ofrece Emilio Lozoya quedaría reparado el daño entraña la voluntad estatal de liberarlo sin que se cumplan los requisitos que la ley prevén y serían exigibles a cualquier ciudadano sin sus privilegios. Por ello, de aceptar ese acuerdo, la Fiscalía General de la República, el Consejo de Administración de Pemex, la Unidad de Inteligencia Financiera y el propio juzgador, por validarlo, incurrirían en responsabilidad administrativa y penal”, advierte el regiomontano en su escrito.

“Es claro que constituye una ilegalidad autorizar como reparación del daño una cantidad de dinero que no corresponde con lo que establece la ley para ocultar un acuerdo político de impunidad con Emilio Lozoya”.