Delincuentes irían a la calle, alertan fiscales; en Coahuila 200 obtendrían libertad – Zócalo
Delincuentes irían a la calle, alertan fiscales; en Coahuila 200 obtendrían libertad

. Liberaciones pondrían en riesgo a víctimas: Alerta fiscalía del Estado.

Delincuentes irían a la calle, alertan fiscales; en Coahuila 200 obtendrían libertad

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hace 3 horas

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Saltillo, Coah.- Coahuila podría tener una liberación masiva de imputados por delitos graves como homicidio y feminicidio, quienes estarían regresando a las calles y probablemente volverían a delinquir, esto sucedería si la Suprema Corte de Justicia (SCJN) elimina la prisión preventiva oficiosa, explicó el fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara. 

De aprobarse esta resolución, el fiscal informó que a nivel nacional se estaría liberando a más de 60 mil personas imputadas por algún delito, en Coahuila la cifra sería de al menos 200 delincuentes que tienen impuesta esta medida cautelar. 

En el grupo de probables liberaciones tras la anulación de la prisión preventiva oficiosa hay personas que se encuentran vinculadas a proceso por delitos como homicidios, secuestros, feminicidios, violaciones o robos agravados. 

El fiscal explicó que durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) se hizo un llamado a la Suprema Corte para que se preserve la soberanía nacional y la supremacía constitucional, esto luego de que se está proponiendo invalidar el Artículo 19 constitucional y ordenar a todos los jueces del país inaplicar la prisión preventiva de oficio.

Esta decisión deriva de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se condena a México y resuelve que se deben adecuar las leyes modificando la Constitución para eliminar la prisión preventiva oficiosa.

“Creemos que estas sentencias, en efecto, que el derecho humano a la libertad está confrontado con esta prisión preventiva oficiosa, pero además dice que para que el Estado mexicano pueda reparar esa confrontación tendría que generar unas modificaciones legislativas, mientras tanto, no puede modificarse la medida cautelar al tenor de esas sentencias internacionales”, explicó el fiscal Gerardo Márquez, sobre la posibilidad de que sea eliminada la prisión preventiva oficiosa.

La liberación de estas personas pondría en riesgo a las víctimas que los han acusado, a policías, juzgadores, operadores del Poder Judicial, así como a la población en general por la probable repetición de los delitos señalados. 

De hecho, ya se han registrado casos en que los imputados han obtenido su libertad por medio de un amparo, a pesar que aún no se elimina la prisión preventiva oficiosa, en algunos casos los imputados han vuelto a delinquir. 

“Ya hubo algunas libertades al tenor de estas decisiones, que aún no ha sido normado el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; algunos jueces de amparo han ordenado el cambio de la medida cautelar y han salido los imputados, incluso han salido para cometer de nuevo delitos contra prácticamente los propios ofendidos en sus procesos”.

En julio de 2023 se eliminó en Coahuila la prisión preventiva oficiosa en delitos del fuero común, esto obligó a los agentes del Ministerio Público a sustentar con argumentos legales que la persona imputada ameritaba estar en prisión, a esta figura se le conoce como prisión preventiva justificada, misma que se aplica desde hace un año en el estado. 

Sin embargo, a nivel federal se continúa utilizando la prisión preventiva oficiosa y las personas procesadas por delitos del fuero federal, como narcotráfico, homicidio, portación de armas o secuestros, podrían ser liberadas de aprobarse esta resolución.

Liberación masiva…

A nivel nacional, 60 mil personas imputadas por delitos graves podría quedar en libertad. 

En Coahuila se presume la probable liberación de 200 imputados. 

En el grupo de probables liberaciones tras la anulación de la prisión preventiva oficiosa hay personas que se encuentran vinculadas a proceso por delitos como homicidios, secuestros, feminicidios, violaciones, narcotráfico, tráfico de personas, robo de combustible, portación de armas o robos agravados. 

Se pondría en riesgo a las víctimas, policías, jueces, operadores del Poder Judicial, agentes del Ministerio Público y a la población en general.

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